Credibilidad judicial

La crisis desatada en torno al uso privado de fondos dispuestos para el desarrollo de la tarea pública por parte del hasta hace tres días presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha puesto en evidencia todos los males que vienen aquejando al gobierno de los jueces. El tiempo transcurrido entre la denuncia pública de los hechos y la dimisión de Dívar, la incapacidad mostrada por éste para reconocer el perjuicio institucional causado con su conducta y la eventualidad de que la interinidad con la que se le ha suplido se prolongue más de lo razonable hacen temer que ni siquiera tras tan estruendoso conflicto se halle una solución estable. Ello cuando el Tribunal Constitucional ha vuelto a mostrarse dividido en un asunto tan sensible como el de la legalización de la izquierda abertzale. Los límites y defectos que presentan los procedimientos establecidos para la elección de los integrantes de órganos tan relevantes explicarían solo en parte la situación. Probablemente tales fallas no habrían resultado tan nocivas para la credibilidad de la Justicia si durante años no se hubiese desarrollado una enconada pugna partidaria entre las dos formaciones -PP y PSOE- que se han turnado en el Gobierno y acaparan prácticamente el poder legislativo, como detectó con acierto Don Felipe al pedir el pasado lunes una reflexión sobre la independencia del poder judicial. Del mismo modo, la confrontación entre populares y socialistas no se hubiera trasladado tan directamente al ámbito judicial si los integrantes de órganos constitucionales no se hubieran prestado a ello o no se hubiesen guarecido en el corporativismo y la opacidad. El Consejo General del Poder Judicial por un lado y el Tribunal Constitucional por el otro deben restablecer su integridad de modo que sus miembros puedan hacer valer su independencia sin asomo de interferencias y así lo perciban los ciudadanos. Los principales partidos, que hasta ahora no han sabido resistirse a la tentación de condicionar la actuación de órganos independientes, tienen la imperiosa obligación de proceder a cuantas reformas aseguren su funcionamiento óptimo. La condición es que sus integrantes sean designados por sus méritos profesionales de manera contrastada sin que ninguna componenda devalúe su cualificación y que en la elección del gobierno de los jueces participen estos.