LA JUSTICIA, EN EL BANQUILLO

El 'caso Dívar' ha supuesto mucho más que la dimisión de la máxima autoridad judicial de España por acusaciones de malversación. El escándalo de los viajes no solo ha vapuleado sin tregua durante 40 días la imagen del órgano de gobierno de los jueces con la sombra de la corrupción, también ha mostrado de forma más descarnada que nunca que las más importantes instituciones judiciales del país están cada día más atrincheradas en bandos ideológicos y que, en las decisiones jurídicas claves, esos órganos votan una y otra vez en bloques irreconciliables, sea el tema que sea.

La misma semana que el conservador Dívar dimitía acosado por el sector progresista, en el Constitucional se repetía la guerra entre izquierda y derecha a cuenta del partido de la izquierda abertzale, Sortu, a pesar de los intentos de su presidente por evitar más escaramuzas que solo dañan la imagen de una justicia cada vez más inundada de política y más vacía de derecho. La idea de que los magistrados de la cúpula judicial son instrumentos con togas y puñetas de los partidos se extiende y nadie, ni en la judicatura ni en la política, sabe por dónde pasa la solución.

El paradigma de la colonización ideológica de las instituciones judiciales se va a vivir en los próximos días en el propio Consejo General del Poder Judicial, dispuesto incluso a aceptar sin remilgos una anomalía funcional como es que la presidencia de la institución sea interina más allá del tiempo indispensable. En la institución casi hay un acuerdo táctico para declarar un armisticio y aceptar que Fernando de Rosa se haga cargo del barco hasta octubre de 2013. «Luego, ya veremos». De otra manera, es lo que subyace tras esta decisión, la sucesión de Dívar amagaría con convertirse en una segunda guerra civil en un órgano que no ha comenzado siquiera a lamerse las heridas de la convulsa salida de su presidente. Llegados a este punto, cualquier cosa vale antes de sumergirse en lo que debiera ser un normal proceso de elección, en un consejo en el que nadie oculta la batalla constante entre los nueve de los vocales elegidos «a propuesta» del PP y los nueve del PSOE.

El hecho de que la 'cruzada' contra Dívar fuera solo cosa de los progresistas no se olvida entre los conservadores. Tampoco que la denuncia pública y ante la Fiscalía vino de la mano de José Manuel Gómez Benítez, un hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, tanto que fue uno de los enviados del Gobierno en las conversaciones con ETA antes del atentado de la T-4.

Paradigma

La llegada a lo más alto de De Rosa por la caída de Dívar tampoco va a mejorar las cosas. Aunque el nuevo presidente interino no tiene mal cartel entre los progresistas, a estos no les gusta nada que el máximo órgano de la judicatura, que en teoría debería ser el paradigma de la independencia, vaya a estar dirigido por un magistrado que fue miembro destacado del Gobierno de Francisco Camps en Valencia.

Los propios miembros del Consejo reconocen sin ambages que este organismo se ha convertido desde la década de los noventa en una suerte de 'espejo' del reparto de poderes en el Congreso, y que el hecho de que muchos miembros de esta institución hayan sido parlamentarios o miembros de diferentes ejecutivos de uno u otro color desde luego no ayuda a dar precisamente una imagen de independencia. El problema, dicen los expertos, es que la ley exige mayorías parlamentarias reforzadas para conseguir grandes consensos en los nombramientos del Poder Judicial y, ante la falta invariable de acuerdo, se opta por un reparto por cuotas políticas que deja muy en entredicho la supuesta separación de poderes.

«El hecho de que en los últimos años se haya comenzado a aceptar en la calle la denominación de consejeros de tal o cual partido sin que siquiera suene mal al oído es buena muestra de esa mala imagen de órgano ideologizado y de lo arraigada que está esa idea en los medios y en la ciudadanía», admite uno de los vocales precisamente más marcados por el estigma partidista.

Pero esa ideologización que ha llegado a niveles desconocidos a cuenta de un escándalo, el de Dívar, de raíz ajena a las cuestiones políticas, no es ni mucho menos una enfermedad que sufra solo el Consejo General del Poder Judicial. La politización se ha convertido en una epidemia en las grandes instituciones judiciales y llega casi a grado de infección en el Constitucional. Al margen de la crisis en la que lleva sumida hace un año y medio la institución por la imposibilidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo para renovar cuatro de los doce magistrados, la corte está más dividida que nunca en dos grandes bloques ideológicos, en los que los progresistas son mayoría y se dedican a enmendar la plana en los más importantes fallos de un Tribunal Supremo, en manos conservadoras.

En la propia corte de garantías admiten que es muy difícil explicar cómo las dos instancias pueden tener pareceres tan distantes sobre asuntos idénticos. Es más, tampoco es fácil entender, sin recurrir a las explicaciones ideológicas, que en el Constitucional con los grandes asuntos casi siempre seis magistrados, siempre los mismos, los elegidos a propuesta del PSOE, votan en bloque frente a los otros cinco, los conservadores, a los que se une un progresista beligerante con los nacionalistas si lo que se discute es la legalización de un partido. Ocurrió hace un año en Bildu y ha vuelto a suceder exactamente con Sortu esta semana. Dos procesos que, pese a referirse a formaciones abertzales, tienen grandes diferencias jurídicas, lo que no ha hecho que se diluya el cisma de las ideología a pesar de los denostados intentos del presidente, Pascual Sala.

Esa misma traza ideológica del Constitucional se ha visto también en el Supremo siempre que ha habido que debatir sobre cuestiones de calado político, como las propias sentencias de ilegalización, en las que la mayoría conservadora ha impuesto su criterio a la minoría progresista, casi siempre por los mismos votos.

«El alto tribunal, en cierta forma, se ha contagiado de la politización que reina en el Consejo», admiten en el tribunal de la plaza de la Villa de París, donde todos los magistrados están acostumbrados a pasear por los grandes pasillos con una vitola ideológica o asociativa sin que ello parezca raro.

Más cupos

Y es que todos los magistrados de la Sala del Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que, a la hora de las renovaciones, también prefiere optar al reparto por cupos políticos o ideológicos a tener que forjarse un amplísimo consenso para elegir a juristas de reconocido prestigio. En definitiva, el alto tribunal se convierte en un espejo del reparto político del Consejo.

En una de sus más recientes y controvertidas resoluciones el Supremo ha vuelto a hacer gala de su marchamo ideológico. El pleno de la Sala de lo Penal que rechazó investigar a Dívar lo hizo con once votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados que sí querían actuar contra el presidente del Poder Judicial eran de adscripción progresista, del mismo sector que los vocales que en el edificio de enfrente de la calle Marqués de la Ensanada, donde está la sede del Consejo, maniobraban al mismo tiempo para forzarle a abandonar.