El Tribunal Supremo exculpa al dimitido Dívar al considerar que no hubo «engaño»

Ni incurrió en «engaño» ni empleó «ardid» alguno para enmascarar sus gastos privados como protocolarios. Un día después de que Carlos Dívar abandonara la presidencia del Poder Judicial y del Supremo, este tribunal publicó el contenido del fallo que dictó el 13 de junio por el que exculpa al magistrado dimisionario y sella la vía penal por los controvertidos viajes al negarse a investigar la denuncia del colectivo 'Preeminencia del Derecho'.

La resolución de la Sala de lo Penal, con el apoyo de once magistrados y el voto en contra de cuatro, resuelve que no hay indicios de que hubiera «desplazamiento patrimonial» desde las arcas públicas a los bolsillos de Dívar, por lo que no ve motivos para abrir una investigación sobre malversación y, mucho menos, por estafa sobre los 28.000 euros que el ya expresidente cargó al erario público a cuenta de 32 viajes de fin de semana.

El argumento de mayor peso para exculpar a Dívar es que la propia normativa interna del Consejo del Poder Judicial no obligaba a sus miembros a justificar el motivo de sus desplazamientos, por lo que difícilmente se podrá saber nunca si éstos respondían a actos oficiales o no. Es más, advierte el Supremo, también la futura normativa sobre la fiscalización del consejo «admite la posibilidad de que en determinados supuestos no sea preciso, por su carácter reservado, indicar las circunstancias concretas objetivas y subjetivas por las que el gasto se produjo».

Con esta premisa, los magistrados se limitan a constatar que Dívar «se ajustó al procedimiento legal establecido para el cobro de los gastos, por lo que nunca pudo abusar de su posición a estos efectos». En esa línea, el fallo da por hecho que esas facturas fueron «objeto de comprobación» por parte de la Intervención General del Consejo y que este órgano no apreció «irregularidad».

Si «cumplió con la obligación de presentar justificación documental del gasto» y si solo «basta con indicar cuál fue el gasto (justificando documentalmente el mismo)», la Sala confirma que «efectivamente, el presidente obró de acuerdo con estas previsiones». Ese «vacío de la norma no puede ser ahora interpretado de forma restrictiva y perjudicial para quien, según la normativa existente, no tenía obligación de ello», zanja el tribunal, que apostilla que obligar al expresidente a acreditar que sus gastos tenían un objeto oficial «sería tanto como pretender aplicar una especie de presunción de inocencia invertida».

No es esta, desde luego, la opinión de los magistrados discrepantes, Joaquín Giménez, José Manuel Maza, Alberto Jorge Barreiro y Perfecto Andrés Ibáñez. De ellos, Maza es el más duro al afirmar que ve probable que el dimisionario pudiera haber cometido malversación pues hay datos en la denuncia que «hacen abrigar de forma consistente la posibilidad de que los gastos se correspondían a actividades ajenas a la función propia de la autoridad». Giménez habla de que más que una «sospecha» la querella apunta a una «probabilidad» cierta de que Dívar se pagara sus viajes con dinero público.

Maza y Barreiro, además, dicen sospechar que los viajes eran privados porque en realidad los datos en poder del Supremo apuntan a que Dívar siempre viajaba y comía con la misma persona, al menos en sus veinte desplazamientos a Marbella. «Resulta difícil de entender que se tuviera que celebrar tan reiterados encuentros con la misma persona para tratar asuntos de carácter oficial», sentencia Maza.

«Opacidad» y «dudas»

La sentencia vio la luz casi al mismo tiempo que comenzaron a verterse desde el Consejo las primeras críticas públicas a su ya expresidente. La portavoz de la institución, Gabriela Bravo, fue mucho más allá de lo que había hecho hasta ahora. En una entrevista en TVE llegó a reconocer que la «opacidad» de la actuación de Dívar ha generado «muchísimas dudas» entre los ciudadanos. La portavoz criticó la «falta de explicaciones» sobre los viajes y la falta de «contundencia» del ya expresidente del Consejo para explicar esos gastos «ante los representantes del pueblo» en el Congreso.

«¿Tenía que haberse explicado mejor? Pues sí. ¿Tenía que haber dado una justificación más adecuada sobre ese gasto, y sobre cómo distinguir lo público y lo privado durante el fin de semana? Creo que sí», se preguntó y se respondió ella misma. Bravo, quien recordó incluso que «usar fondos públicos para fines privados es un delito», recordó, no obstante, que ni la Fiscalía ni el Supremo vieron indicios delictivos.

En línea parecida, pero sin críticas directas, se manifestó el que será en breve el nuevo presidente. Fernando de Rosa, tras asegurar que Dívar ha sufrido un «daño irreparable», admitió que el órgano que pasará a dirigir se ha visto envuelto en «una crisis institucional nunca vista en un órgano constitucional».