El Gobierno se escuda en Europa para eludir el Debate sobre el estado de la Nación

«Hablar de Europa no es ni más ni menos que hablar de España y la economía española», adujo tajante la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al témino del Consejo de Ministros. Al Gobierno ya no le duelen prendas en reconocer que la situación crítica que atraviesa el país excede sus capacidades y se dirime en esferas superiores; al punto, que ese se ha convertido en su principal argumento para rechazar que este año se celebre el clásico Debate sobre el estado de la Nación.

Está previsto que el próximo 11 de julio Mariano Rajoy comparezca ante la Cámara baja para informar de los resultados obtenidos en decisivo el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio. No es una práctica novedosa. Los presidentes del Gobierno informan siempre al Parlamento de lo tratado en las cumbres comunitarias, pero la de este mes tiene un interés especial porque se considera, una vez más, vital para la supervivencia del euro. Y a eso se aferra el Ejecutivo de Rajoy.

Su tesis es que un pleno con un contenido tan determinante y con unas repercusiones supuestamente tan claras para el devenir de la crisis económica que sacude a toda la Unión Europea, pero con especial virulencia a España, suplirá con creces un debate clásico de política general en el Parlamento. «Servirá para hablar largo y tendido de Europa», que es, vino a decir de manera implícita Sáenz de Santamaría, donde ahora cabe tomar las decisiones económicas y políticas de los países.

En el trasfondo hay algo más. El Gobierno debatió durante unos días sobre la necesidad de hacer o no un Debate sobre el estado de la Nación, como reclaman todos los grupos de la oposición, pero finalmente Rajoy lo descartó fiel a su credo de que no es bueno 'quemarse' demasiado ante la opinión pública. A su favor, en el PP recuerdan que ningún Ejecutivo, fuera del color que fuera, ha protagonizado un pleno de esa naturaleza durante su primer año de mandato y que, al fin y al cabo, ellos llevan apenas seis meses. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de hecho, no convocó el debate de política general hasta más de un año despúes de llegar al palacio de la Moncloa.

Momento excepcional

El resto de los grupos sostiene que es precisamente lo excepcional del momento lo que hace necesario obviar la ausencia de precedentes y ponerse a discutir a fondo sin más dilaciones sobre cómo está el país y cuáles serían las recetas más adecuadas para encarar la crisis. El PSOE, que pretende someter a votación del Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que no eluda el debate, insiste en que España se está viendo perjudicada por la estrategia de Rajoy de evitar una sobreexposición pública como la que asumió su predecesor, muy dado a las comparecencias públicas para explicar sus medidas contra la crisis tanto en conferencias de prensa como en las Cortes.

En el texto, los socialistas sostienen que la ausencia de explicaciones «claras» ha dañado la confianza en el país, tanto dentro, entre los españoles, como fuera, entre el resto de los socios comunitarios y los mercados financieros. Y las demás formaciones minoritarias, desde CiU hasta Amaiur, están de acuerdo en esa percepción y, a tenor de lo hablado hasta ahora, votarán a favor de la proposición de los socialistas cuando se discuta en el pleno, previsiblemente, a mediados de julio.

En el Gobierno insisten en que los asuntos centrales del momento serán abordados en el pleno del 11 de julio, cuando Mariano Rajoy hablará de las condiciones y montante del rescate del Eurogrupo para el saneamiento del sector financiero y de otras medidas económicas que puedan haberse acordado para esa fecha, como el plan de crecimiento de 130.000 millones que Alemania, Francia, Italia y España acordaron ayer presentar ante el Consejo Europeo, en la reunión que celebraron sus gobernantes en Roma a instancias del primer ministro Mario Monti.