El Ejecutivo ignora el ataque de Aguirre al Constitucional

Como si nunca hubieran existido, el Gobierno optó ayer por ignorar las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al Tribunal Constitucional y su afirmación de que debería ser sustituido por una sala del propio Tribunal Supremo. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a afirmar que ahora lo prioritario es «devolver» la estabilidad a las altas instituciones del Estado y pasó de refilón sobre la afirmación de que los miembros de ese órgano son «políticos que se llaman magistrados pero no lo son».

La gobernante madrileña sí obtuvo respuesta, en cambio, del portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, que aseguró que su partido no se plantea en ningún caso la supresión del máximo garante de la Carta Magna sino su «fortalecimiento» por la vía de la renovación, pendiente desde hace casi dos años. En ese compromiso hizo hincapié también la número dos del Ejecutivo. Pero Sáenz de Santamaría no se atrevió a dar por hecho que la negociación para la designación de los nuevos magistrados vaya a dar fruto dentro del plazo que se autoimpusieron en su último encuentro Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba: el 29 de junio, es decir, la semana próxima. «Vamos a trabajar todo lo posible para que así sea», se limitó a afirmar tras el Consejo de Ministros.

Los socialistas, por su parte, sí afearon a Aguirre que arremetiera contra el Constitucional y pusiera en cuestión su existencia misma a raíz de una sentencia, la de la legalización de Sortu, con la que no está de acuerdo. La vicesecretaria general, Elena Valenciano, aseguró que la propuesta es una nueva cortina de humo para tapar un recorte de 1.000 millones de euros en las cuentas de la comunidad y advirtió del peligro de poner en el «foco de sospecha» a los políticos. «La política democrática tiene que entrar en todas partes; en los tribunales, también», subrayó.