Iberdrola presiona al Gobierno ante la inminente reforma eléctrica

Iberdrola no ceja en su empeño de que los inminentes cambios regulatorios que prepara el Gobierno retiren de la factura eléctrica el máximo de elementos que, a su juicio, se introdujeron por decisiones políticas y han contribuido a la acumulación del gigantesco déficit eléctrico de 24.000 millones. El presidente de la compañía lo reiteró en su discurso ante la junta de accionistas que refrendó los resultados del pasado año.

A pocas fechas de que el Consejo de Ministros apruebe las normas que completarán la reforma eléctrica, Ignacio Sánchez Galán afirmó que las modificaciones deben no solo atajar la generación de nuevo déficit, sino también «contribuir a restaurar la confianza de los mercados en el modelo energético vigente en España». Por eso instó al Gobierno a incidir «en los factores que han generado el déficit» y no sobre los ajenos, como la generación tradicional o las redes de distribución. Y volvió a denunciar el despropósito que supone primar la generación mediante las tecnologías más costosas, como la termosolar o la fotovoltaica.

En borradores que han circulado de la nueva ley eléctrica figura, entre otras medidas, el aumento de la tasa que ya se aplica a todo tipo de generación. El dilema radica ahora en si el 'peaje' se establece sobre producción o facturación. Puesto que la generación convencional está en torno a 55 euros por MWh, y las tecnologías primadas llegan a los 400 euros, una tasa sobre producción castiga a las generadoras tradicionales y más baratas; sobre facturación, el impacto recaería en las alternativas, de más altos costes.

Sin descender a este detalle, Galán instó al Ejecutivo a «arreglar el problema (del déficit) actuando sobre las verdaderas causas» y «no hacer un problema de lo que no lo es».

Evocó el presidente de Iberdrola que el precio final que el consumidor doméstico paga por el suministro está por encima de la media comunitaria, cuando la producción en régimen ordinario tiene un coste un 10% inferior y lo atribuyó a que «cerca de un 50% de la factura corresponde a costes ajenos al suministro eléctrico, que en otros países están dentro del Presupuesto del Estado». Se refería, entre otros, a la bonificación por suministro a las islas, al bono social o a las subvenciones a la minería del carbón.

En la junta de accionistas se mantuvo el blindaje -solo se permite votar por un máximo del 10%, con independencia de la participación que se posea- pero ya hubo la tradicional oposición de los representantes de ACS, una vez desactivada la llamada 'enmienda Florentino' a través de la modificación introducida en el Senado. Por vez primera en tres años, el grupo constructor no anunció su intención de impugnar la junta, y Sánchez Galán pudo celebrar que los acuerdos salieron adelante con rechazos de apenas el 1% o el 2%.