La respuesta del Rey

El Tribunal Constitucional legalizó ayer la formación de izquierda abertzale Sortu, considerada heredera de la antigua y proscrita Batasuna, por seis votos a cinco, ajustadísima y llamativa correlación de fuerzas que también se produjo cuando en mayo de 2011 fue legalizada Bildu, la coalición independentista formada por EA, Alternatiba y otras formaciones y personas de la izquierda radical vasca. En realidad, el TC ha anulado la sentencia de la Sala del 61 del Supremo, que en marzo de 2011 denegó la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos por considerar que era una creación de ETA para suceder a Batasuna con el objetivo de concurrir a las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. Después de esta fractura del TC, que incrementa las dudas de quienes se han sentido defraudados, los magistrados discrepantes presentarán tres votos particulares contra la resolución, que ha sido apoyada por la mayoría progresista del Tribunal. Las tesis en disputa eran lógicamente las mismas que compitieron cuando la Sala del 61 del Supremo decidió la ilegalización: en aquella ocasión ganaron, por nueve votos a siete, los magistrados que pensaban que Sortu era un partido diseñado por ETA para suceder a Batasuna, frente a quienes lo vieron como «un nuevo partido político creado por un importante sector de la izquierda abertzale con arreglo a las exigencias y parámetros constitucionales» después de «un intenso debate en el seno de la izquierda abertzale sobre el abandono de la violencia» en el que «la línea violenta de ETA quedó apartada» y se impuso «la línea política». En el TC, se ha abierto paso esta segunda interpretación. Lo ajustado de la votación indica claramente lo vidrioso del asunto, que incide en el desenlace del terrorismo etarra cuando aún ETA no ha dejado de existir aunque haya decidido irreversiblemente dejar de matar. La sentencia, que es lógicamente opinable, posee sin embargo toda la legitimidad constitucional, por lo que su acatamiento es obligado, aunque muchos hayan de hacerlo con dolor. En el envés de la polémica está, sin embargo, un nuevo paso hacia la normalización del País Vasco, que sube un nuevo peldaño en la difícil superación de la profunda herida abierta por décadas de violencia y que solo cicatrizará del todo cuando, tras la victoria de la democracia sobre la intransigencia, el Estado de Derecho y el principio de legalidad imperen en todos los intersticios de Euskadi.

El Rey visitó ayer a las fuerzas de la Guardia Civil destacadas en las cercanías del Estrecho de Gibraltar, donde desempeñan una activa y meritoria labor de lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal y, en los últimos meses, realizan también tareas de protección a los pesqueros españoles que faenan en aguas próximas al Peñón y que están siendo hostigados intermitentemente por las patrulleras gibraltareñas. La visita del Rey ha sido altamente expresiva desde el punto de vista de la política interna -el Monarca es activo guardián de la legalidad y de la Constitución y acude con sensibilidad allá donde es aconsejable su presencia- pero también ante Gibraltar, porque, a pesar de la declaración de que la visita ha sido rutinaria y estaba planeada desde antiguo, ha quedado claro que el Estado español defenderá su soberanía con tanta serenidad como firmeza frente a las marrullerías ajenas. Con esta visita, don Juan Carlos ha estrechado el vínculo de afectividad que lo liga con la sociedad y con las instituciones, sumándose la Corona a los anhelos comunes y poniéndose al frente de la defensa del interés general.