El Gobierno discrepa

Mientras Mariano Rajoy guardaba silencio en Río de Janeiro, en Madrid dos ministros mostraron el desacuerdo del Gobierno con la decisión del Constitucional de legalizar Sortu. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mostró la «discrepancia» del Ejecutivo con la resolución y mostró su disgusto por el hecho de que la corte corrija al Tribunal Supremo, que no permitió la legalidad del partido de la izquierda abertzale.

«Me hubiese gustado que el Constitucional mantuviese la decisión del Supremo y que Sortu siguiese siendo ilegal», afirmó Gallardón, quien, de todos modos, garantizó «el total acatamiento» del fallo. Por su parte, el ministro del Interior dijo estar «claramente» en desacuerdo con la resolución y, en cambio, se sentía «profundamente cercano» a la sentencia del Supremo que prohibió la inscripción del partido. Jorge Fernández Díaz señaló que lo que tiene que hacer la izquierda abertzale, «con Sortu o sin Sortu, tiene que condenar el terrorismo, pedir perdón y la disolución incondicional» de ETA.

El PSOE, todo lo contrario, vio en el fallo «un paso positivo en la normalización política» del País Vasco. El secretario de Política Autonómica de los socialistas, Antonio Hernando, consideró «coherente» la decisión del Constitucional con la que tomó en su día con Bildu y apuntó que la izquierda abertzale tiene ahora más motivos que nunca para exigir a ETA que «eche el cierre definitivamente».

El PNV indicó que el fallo contribuye a «normalizar jurídicamente lo que era normal política e institucionalmente», esto es la presencia de la izquierda abertzale en la vida pública. El portavoz nacionalista en el Congreso, Josu Erkoreka, solo lamentó que la decisión «se ha hecho esperar demasiado», un año, cuando «nada justificaba un retraso tan prolongado». Su homólogo en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se limitó a mostrar «respeto». También el líder de IU, Cayo Lara, consideró que el Constitucional ha facilitado «la normalización» de la política en el País Vasco y Navarra. «Es una buena noticia», resumió.

Solo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, mostró su contrariedad por la legalización ya que es «escandaloso» permitir que «los enemigos de la democracia estén dentro de las instituciones democráticas». Se trata, concluyó, de una sentencia «incompatible con la justicia».