Los militares egipcios afianzan su poder

Mohamed Mursi, el candidato improbable, el aspirante de repuesto, el último en entrar en la carrera presidencial, podría convertirse en el próximo presidente de Egipto. Los Hermanos Musulmanes estaban ayer convencidos de su victoria y, a falta de resultados oficiales, que no se conocerán hasta el jueves, todas las pistas indican que Mursi será el primer presidente elegido democráticamente de la historia del país. La campaña de su rival, Ahmed Shafiq, cuestionaba sin embargo este resultado en lo que parece que será una confrontación que llegará hasta el final.

Pero sea Mursi o finalmente Shafiq el próximo jefe del Estado, el presidente deberá responder ante la junta militar para muchas de las que tradicionalmente han sido sus competencias. Las enmiendas constitucionales aprobadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pocos minutos después del cierre de los colegios electorales cimientan su poder en la transición y garantizan su independencia más allá de ella. El documento hace prácticamente imposible que el Ejército acabe supeditado al poder civil que, a estas alturas de la película sería la única forma de acabar con seis décadas de dictadura militar.

A primera hora de la mañana, Mursi comparecía ante la prensa en su cuartel general para proclamar su victoria. Según los datos de la cofradía, con el 99,9% escrutado, el islamista se habría hecho con el 51,8% de los votos. A sus seguidores les bastó con eso, y varios cientos lo celebraron con banderas y cohetes en la plaza Tahrir. Los colaboradores de Shafiq se apresuraron a declarar ilegítimos los resultados anunciados por la hermandad y aseguraron que es el ex primer ministro el que va en cabeza del recuento aunque, sin dar más detalles, sus argumentos aparentaban ser una pataleta.

El consejo castrense quiso ayer calmar los ánimos de los que han descrito esta última declaración constitucional como una confirmación por escrito del golpe de Estado que se inició con la disolución del Parlamento. Respetarán su compromiso de transferir el poder a finales de este mes y el nuevo jefe del Estado mantendrá «todos los poderes del Ejecutivo», dijo ayer el general Mamduh Shahin.

El futuro presidente, sin embargo, ha perdido dos prerrogativas importantes. Ni podrá declarar la guerra sin el consentimiento del Ejército, ni tampoco será comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los militares se aseguran así el timón de uno de los asuntos más espinosos de la política exterior egipcia: su relación con Israel. El Ejército, que recibe cada año 1.300 millones de dólares de Estados Unidos para, principalmente, mantener los acuerdos de Camp David, consigue así que si el futuro presidente eleva el tono con el país vecino no se pasará de las palabras a los actos.

Supervisión

La junta militar también se ha autoasignado el poder legislativo, aunque aseguran que de forma «limitada» y hasta que se elija un nuevo Parlamento. El general Shahin matizó ayer que su intención no es comenzar a legislar a diestro y siniestro, sino que su labor se limitará a supervisar los proyectos de ley que emita el Gobierno -aún el interino de Kamal Ganzuri-, y que el presidente «tendrá la última palabra para rechazarlos o aprobarlos».

«Desde el principio, la mayor preocupación de la junta militar ha sido mantener su independencia, y con estas enmiendas garantizan que no van a tener que rendir cuentas a nadie», argumenta Gamal Abdel Gawad, del Centro Al Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos. El derecho de veto que se han asignado en la redacción de la próxima Constitución les asegura que su estatus como órgano independiente -que no tiene que explicar ante ninguna autoridad civil qué hace con sus negocios o con su presupuesto- no cambiará si ellos no quieren.

La junta ya intentó sacar adelante unas enmiendas parecidas el pasado noviembre, días antes de las elecciones parlamentarias, conocidas como el documento de Ali Selmi. Aquel intento provocó manifestaciones masivas que acabaron tornándose violentas, y en las que murieron más de 60 personas. Ni la disolución del Parlamento ni la imposición de estas enmiendas han provocado ahora ni un ápice de agitación social, quizás un síntoma de fatiga de los manifestantes o de la profunda división social que vive el país, que ha contaminado las demandas un día democráticas.