PP y PSOE redoblan los contactos para renovar el Constitucional

Los dos partidos mayoritarios han intensificado en las últimas horas sus contactos para la renovación de los cargos en diferentes órganos constitucionales, alguno de ellos interino desde hace dos años. PP y PSOE corroboraron su intención de sellar un acuerdo antes de fin de mes, como se comprometieron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba el pasado 25 de mayo. De momento, hay un primer punto de encuentro, ya que ninguno de los dos vetará los nombres que proponga el otro.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, por un lado, y los portavoces de PP y PSOE en el Congreso, Alfonso Alonso y Soraya Rodríguez, por otro, parecen dispuestos a poner punto final al cuento de nunca acabar de la renovación de los órganos constitucionales con sus miembros con mandato caducado. Tiene especial urgencia el caso del Tribunal Constitucional, que vive una situación de interinidad que amenaza con colapsar su funcionamiento. El presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, puso como fecha tope para presentar candidatos el 29 de junio y los dos grandes partidos aseguran que así será.

Ambas partes han intensificado sus contactos en los últimos días para llegar a un acuerdo y se han producido algunos avances. Ni PP ni PSOE van a vetar los nombres que ponga la otra parte. Este compromiso no garantiza un apoyo en la votación, pero es un paso adelante ya que hasta ahora el Congreso no ha podido designar ningún candidato porque o bien los populares o bien los socialistas ponían la cruz a algún nombre. El PSOE, por ejemplo, siempre vetó a Enrique López, un magistrado avalado por el PP; y viceversa, los populares no aceptaron nunca a Cándido Conde-Pumpido, respaldado por los socialistas.

El entendimiento de los dos partidos mayoritarios es imprescindible porque para elegir los ocho magistrados del Constitucional que corresponde designar al Congreso y al Senado es necesaria una mayoría de tres quintos en cada cámara, una cualificación que solo se reúne con la suma de los representantes de PP y PSOE.

Esta ausencia de vetos, en buena medida fruto de la presión del propio Constitucional, va a facilitar la renovación de la corte, pendiente desde años. Los cuatro magistrados que correspondía elegir al Senado concluyeron su mandato en 2007, pero no fue hasta el año pasado cuando hubo acuerdo para elegir a los sustitutos. En el caso del Congreso, los miembros del Constitucional que deben ser designados por la Cámara baja debían haber sido sustituidos en 2010.

Sin nombres

Lo que no ha habido hasta ahora, según fuentes cercanas a la negociación, es intercambio de nombres. Las conversaciones se han limitado a los perfiles de los magistrados. El que sí ha puesto nombres ha sido CiU, que ayer registró en el Congreso a sus candidatos. Antoni Rovira es su aspirante para el Constitucional y Francesc Caminal, para el Tribunal de Cuentas. El primero es improbable que resulte elegido porque en los últimos años PP y PSOE han copado los candidatos que corresponden al Parlamento. Solo si la colaboración entre los populares y los nacionalistas catalanes se profundizase Rovira podría tener alguna posibilidad, pero es difícil.

Esta renovación de la corte, además, puede ser definitiva porque el Gobierno de Mariano Rajoy estudia una reforma de la ley orgánica para que el mandato de los magistrados, que ahora es de nueve años, pase a ser vitalicio. Si esa modificación sale adelante se terminarían los conflictos que surgen entre las fuerzas políticas cada vez que se tiene que reemplazar a los miembros del tribunal cuando concluye el periodo para el que han sido elegidos.

Aparte del Constitucional, el Congreso tiene que elegir a los 12 miembros del Tribunal de Cuentas cuyo mandato expiró en noviembre pasado, y tampoco ha sido posible hasta ahora el acuerdo entre populares y socialistas para la renovación.