Interior creará un registro de faltas para combatir los hurtos

El Gobierno quiere acabar con la sensación de una cierta «impunidad» en los autores de pequeños hurtos, la mayoría de ellos reincidentes, que «entran por una puerta y salen por otra» cuando son detenidos por la Policía. Para ello, prepara la creación de un registro central de faltas que sirva a las fuerzas de seguridad para saber si la persona a la que han detenido lleva a sus espaldas un largo historial delictivo.

Lo anunció ayer en Barcelona el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien señaló que si la reforma del Código Penal de 1995 no ha sido eficaz en la lucha contra la multirreincidencia se debe en parte a la ausencia de este registro central. «Una manera de que no podamos actuar de manera adecuada contra estas personas es que falta este registro», dijo Fernández.

En cualquier caso, la creación del mismo depende del Ministerio de Justicia y, hasta que no esté en vigor, el Gobierno pondrá en marcha un plan transitorio en la lucha contra los autores reincidentes de faltas que consistirá, según Interior, en el envío de policías a los 400 decanatos judiciales. Estos agentes harán de «oficiales de enlace» para seguir las sentencias que tengan relación con los autores de varias faltas, anunció Fernández, durante una conferencia-coloquio en la que reflexionó sobre las diferentes expresiones de la violencia urbana.

A juicio del ministro, la violencia urbana adopta formas muy diversas, pero todas forman parte de una cultura de la transgresión: tanto fumar en espacios no permitidos, como participar en campañas de impago de peajes, pintar grafitis, romper cajeros, quemar símbolos políticos o profanar símbolos religiosos. En esta línea, abogó por crear una «nueva cultura del civismo» para prevenir la violencia urbana y el incivismo, en todas sus formas de expresión, que tienen sus raíces en el «buenismo» de la revolución de Mayo del 68, que convirtió en un valor positivo la transgresión.

Lo que no aclaró el ministro es si además de considerar estas manifestaciones violencia urbana podrían ser tipificadas como delitos en la próxima reforma legislativa.