El PSOE denuncia el veto a una solicitud para conocer las relaciones con el Cádiz

El pleno ordinario del mes de junio está dando que hablar incluso antes de haberse celebrado, y es que en esta ocasión el rosario de desencuentros habitual entre equipo de Gobierno y oposición ha comenzado con antelación. El PSOE quiso hacer público ayer un capítulo que no ha tenido precedentes en todos los años de Gobierno de Teófila Martínez en la ciudad, comentó una indignada Marta Meléndez.

Según explicó la portavoz socialista, su grupo municipal había seguido los trámites habituales para presentar una propuesta en el próximo pleno en el que se instaba a la alcaldesa a entregar al PSOE un expediente solicitado el pasado día 3 de mayo sobre los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Cádiz C. F., así como los informes relativos a las indemnizaciones cobradas por el club durante la construcción del nuevo Estadio Carranza. Además, se instaba a Teófila Martínez a informar de todas las transferencias económicas que se hayan hecho desde el Ayuntamiento al Cádiz, así como de las pretensiones futuras que tiene el Consistorio sobre la cesión de uso del Ramón de Carranza.

Esta propuesta pasó el pasado sábado por el trámite de la comisión informativa previa a los plenos. La sorpresa vino cuando el teniente de alcaldesa José Blas Fernández informaba a los socialistas de que la misma no había sido admitida por la presidenta del pleno y que por tanto no se debatirá, algo que, según Meléndez, se hizo sin dar una justificación.

Para los socialistas, se trata de «una perversión absoluta de la utilización del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento», además de calificar de «actitud franquista» la decisión de Teófila Martínez.

Marta Meléndez aseguraba ayer que no va a renunciar a presentar esta propuesta, aunque sea pidiendo una comisión informativa extraordinaria. Los socialistas decidían ayer si presentar la propuesta como «urgencia», aunque en cualquier caso será el pleno el que tenga que aprobar si la admite a debate o no. La última opción sería la de acudir «al contencioso administrativo», tal como dicen los socialistas que les sugirió el propio José Blas Fernández.