Una política ineficaz y muy costosa

Una denuncia en los juzgados vuelve a poner en entredicho la gestión de los cursos de formación para desempleados. Más allá de las consecuencias judiciales que pueda tener el escrito remitido por una docente, el relato que contiene en él describe cómo las subvenciones que deben cubrir estas actividades y que reciben empresas y fundaciones privadas no tienen un recorrido y destino final escrupuloso. Pese a que se trata de dinero público, de ese que tanta falta hace en estos tiempos que corren, el control parece que brilla por su ausencia. Esta historia comienza a sonar a manida en esta comunidad, donde la Junta ha destinado millonarias partidas para políticas de empleo que han resultado un auténtico fiasco. En Cádiz aún se recuerdan los portales de Belén y otras manualidades que mantuvieron entretenido al colectivo de trabajadores afectados por el cierre de Delphi durante los cursos que supuestamente debían ayudarles a reciclarse y reincorporarse al mercado laboral. También suena repetitivo que detrás de cada fundación o institución que recibe importantes subvenciones del Gobierno andaluz aparezca un nombre relacionado con la Administración regional. Los tratos de favor, el enchufismo y la política de la subvención para mantenerse en el poder a costa de los andaluces es una dolorosa rémora que lastra a esta región.

La prueba más evidente de que esas millonarias cantidades destinadas a formar desempleados han servido para bien poco son las propias cifras del paro. Solo la empresa que se cita en la denuncia de la que se hace eco este medio percibió en dos ejercicios 2,5 millones de euros. Pese a todo, estas subvenciones siguen vivas, mientras que el Gobierno andaluz aplica la tijera al colectivo de funcionarios y realiza recortes en cubierto en Sanidad y Educación. El interés general dejó de ser prioritario en Andalucía hace ya años, desplazado por las necesidades de unos pocos.