Bancos 'zombies'

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, anunció ayer que tomará una decisión «rotunda y contundente» en el pleno convocado para el próximo jueves, día 21. Antes escuchó la opinión de 14 de los 20 vocales del Consejo, según la cual el escándalo de sus 32 viajes financiados parcialmente con fondos públicos y el impacto de tal conducta en la opinión pública habían generado una situación «insostenible». A cambio de lo que se entendió como el anuncio de su dimisión, Dívar pidió a sus consejeros que le permitieran mantenerse en el cargo hasta entonces por «responsabilidad institucional», a lo que accedieron por unanimidad. Como es sabido, entre mañana y el miércoles el Tribunal Supremo celebra su bicentenario, a cuya conmemoración tienen previsto acudir el Rey y numerosos presidentes de tribunales superiores extranjeros. Si no se produjera la renuncia, el pleno del jueves recuperaría los dos puntos del orden del día de ayer que no fueron abordados: uno, suscrito por cinco vocales, en el que se pide a Dívar la dimisión inmediata, y otro en el que se solicita su destitución, patrocinado por el consejero progresista José Manuel Gómez Benítez, el vocal, catedrático de Derecho Penal, que fue quien destapó el escándalo. El dudoso acierto de la Fiscalía del Estado y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al no entrar siquiera a averiguar si había o no algún ilícito en la referida conducta no ha servido en cualquier caso para desactivar la trascendencia de un comportamiento inadmisible en un funcionario público desde el punto de vista ético y político. No parece muy razonable que se alegue precisamente «responsabilidad institucional» para hacer posible que Dívar esté presente en los fastos judiciales que comienzan mañana. Permitir que este magistrado bajo sospecha sea el anfitrión de autoridades e instituciones españolas y extranjeras, con el Rey a la cabeza, daña de forma grave la imagen de la Justicia. Aún habría tiempo para que Dívar presentase su dimisión antes de que se inicie la conmemoración, y ello evitaría tensiones innecesarias y una repercusión mediática que desfigurará la materia misma de la celebración.

Los bancos 'zombies', un concepto acuñado por Edward Kane para referirse a la crisis japonesa de 1993, son instituciones financieras con un valor económico negativo que se mantienen en el mercado por la tolerancia gubernamental, tácita o explícita. A ellos se refería el comisario Almunia cuando dijo en su reciente viaje a Madrid que habría que clausurar aquellas entidades en las que el coste de recapitalización sea mayor que el coste de liquidación. Los banqueros solventes, como Francisco González, se han referido igualmente a estas entidades, que tienen nombre concreto: NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. Con Bankia se demostró que no ser realistas tiene resultados catastróficos. Si finalmente se hace por razones de racionalidad económica, habrá que preservar escrupulosamente el dinero de los impositores, sea cual sea la cuantía, aunque, como es natural, saldrían perjudicados los tenedores de títulos de capital-riesgo, acciones o preferentes. Conviene decirlo a la opinión pública para evitar cualquier atisbo de pánico en el proceso de reestructuración.