Economia

Las comunidades ya pueden firmar créditos y pagar a sus proveedores

El Gobierno autoriza a catorce autonomías a tomar prestados más de 17.700 millones para saldar las deudas con sus contratistas

MADRID. Actualizado: Guardar
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Las comunidades autónomas ya pueden suscribir los préstamos que necesitan para pagar a sus proveedores. El Consejo de Ministros autorizó ayer a los gobiernos de las catorce regiones que se han acogido al mecanismo extraordinario de pago a proveedores a tomar préstamos por más de 17.700 millones de euros, al efecto de poder saldar sus cuentas pendientes con 29.107 contratistas, de los que dos tercios son pymes.

Todas las comunidades autónomas salvo Galicia, País Vasco y Navarra, que optaron por quedarse al margen de la operación, firmarán a partir de la próxima semana el contrato de préstamo con las entidades colaboradoras, según informó en una nota el Gobierno central. Cumplido ese trámite, el Fondo debería de empezar a ingresar los pagos directamente en las cuentas corrientes de los proveedores en la última semana de junio.

El Gobierno calcula que, en total, se abonarán 3.794.532 facturas pendientes, por un importe agregado de 17.718.553.729,10 euros a un total de 29.107 proveedores. De ellos, 7.598 son personas físicas (autónomos), 20.954 son pequeñas y medianas empresas y 555 grandes compañías prestadoras de servicios.

La primera parte de la ejecución de los pagos pendientes en el marco del plan de proveedores se completó a comienzos de junio con el abono de la deuda de 3.774 entidades locales. Esos ayuntamientos y diputaciones saldaron obligaciones pendientes por un importe total de 9.263,1 millones de euros, correspondientes a 1,7 millones de facturas. Para ello, tuvieron que contratar créditos a diez años con dos de carencia, a un tipo de interés del 5,939% y condicionados a la aplicación de duros planes de ajuste con subidas de impuestos y tasas y recortes de gasto que afectarán a la prestación de servicios. Programas similares a los que tendrán que ejecutar las autonomías y que el pasado 17 de mayo ya fueron aprobados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Todos salvo el de Asturias, que no superó el examen y sigue, por tanto, pendiente de recibir la luz verde por parte de este organismo.

Las más morosas

La Comunidad Valenciana encabeza el listado de regiones que más dinero deben a sus proveedores, con 4.354,7 millones de euros, casi un 25% del total. Le siguen Castilla-La Mancha, con una deuda pendiente con sus contratistas de 2.918,3 millones; Andalucía, que tiene 2.699 millones pendientes de pago, y Cataluña, que adeuda 2.020 millones de euros. Juntas, estas cuatro comunidades adeudan más de dos tercios (67,6%) de la suma total de las facturas pendientes reconocidas por la administración autonómica y por los acreedores.

El Gobierno central ha implementado, además, una repesca para 1.478 entidades locales que en su día no pudieron acceder a la financiación prevista por este mecanismo, al no poder aprobar en tiempo y forma sus planes de ajuste por estar gobernando en minoría o porque fueron rechazados por el Ministerio de Hacienda. La prórroga para que estos ayuntamientos solventaran los problemas que les impidieron beneficiarse de este mecanismo, reclamada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) terminó ayer.

Hacienda justifica la aplicación de esta segunda oportunidad para los ayuntamientos porque no se han cubierto por el conjunto de administraciones públicas -entidades locales y comunidades autónomas- la cantidad total presupuestada para el Fondo (35.000 millones de euros). Sobran unos 8.000 millones, que podrán solicitar, en la medida de sus necesidades, para pagar a sus proveedores las entidades locales susceptibles de beneficiarse de esta facilidad financiera. De lo contrario, el Estado tendría que retenerles 1.296,1 millones correspondientes a su participación de los ingresos del Estado.

El Gobierno enmarca este mecanismo extraordinario de pago a proveedores dentro de su ofensiva para inyectar liquidez a las empresas proveedoras de bienes y servicios. A tal objeto, el CPFF adoptó pasado el 6 de marzo un acuerdo que fija las líneas maestras de este instrumento financiero.