El Gobierno pretende multar la prostitución de carretera

El Ministerio del Interior pretende multar a quien ejerza la prostitución en las carreteras, así como a los clientes. «Es necesario acabar con ese espectáculo lamentable y degradante», dijo ayer en Barcelona el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justo un día después de que entrara en vigor la ley catalana que establece sanciones que llegan a 30.000 euros para meretrices y usuarios que sean pillados in fraganti en las vías de tráfico, en este caso las de titularidad catalana. Interior, según señaló Fernández Díaz, estudia una reforma del Código Penal que incluya «alguna tipificación» que endurezca la prostitución. En concreto, si se practica en las carreteras, una actividad muy extendida sobre todo en las zonas turísticas, donde miles de mujeres ofrecen sus servicios sexuales en los arcenes y márgenes de las calzadas, con el consiguiente peligro para ellas y los conductores. «A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo. Todos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con estas conductas que explotan a las mujeres», señaló el ministro.

En Cataluña, la norma que ha empezado a aplicarse esta semana tipifica como una infracción grave la presencia de prostitutas y clientes en las carreteras y, por tanto, faculta a los Mossos d'Esquadra a imponer las multas, eso sí, teniendo en cuenta factores como la peligrosidad de la carretera o la reincidencia. La Policía catalana dispone además de un archivo con los datos personales de todas las prostitutas y los clientes que sean multados por practicar el sexo en los bordes de las vías.

Al margen de las posibles sanciones contra quien ejerza la prostitución en las carreteras, Interior tiene sobre la mesa una reforma del Código Penal, «aún en fase inicial», según fuentes de Interior, que le permita luchar contra la explotación sexual de las mujeres en un sentido más amplio.

«Estamos estudiando medidas administrativas y penales que signifiquen una lucha más eficaz contra la explotación de las mujeres, contra un tráfico tan degradante como ese, que da una imagen del país muy poco edificante», señaló el ministro. De hecho, desde la Generalitat y desde los ayuntamientos, por ejemplo el de Barcelona, que acaba de aprobar severas multas contra la prostitución callejera, se reclama con insistencia al Gobierno central que el Código Penal contemple como delito la prostitución en la vía pública, ya que se cree que la penalización ayudará a reducir la oferta y demanda sexual en las calles.

Y es que, por ahora, solo el Ejecutivo central puede declarar legal o ilegal esta actividad, que de momento no está regulada en España, pero que llama la atención en el exterior. No en vano, España ha sido protagonista en los últimos tiempos de amplios reportajes en la prensa internacional que daban cumplida cuenta de la laxitud de las leyes españolas en esta materia. En concreto, 'The New York Times' dedicó hace un par de meses un extenso artículo a la localidad gerundense de La Junquera, situada en la frontera con Francia, que se ha convertido en destino sexual para miles de turistas franceses. Así, el rotativo neoyorquino explicaba que, según cifras del Gobierno, en España hay entre 200.000 y 400.000 profesionales del sexo, de las que el 90% forman parte de redes de tráfico de mujeres.

Distintas asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las prostitutas criticaron los planes del Ministerio del Interior, ya que es el «colmo de la hipocresía y de la doble moral», y solo conseguirá que la prostitución se practique en la «clandestinidad», según señalaron desde la entidad Hetaira. Fuentes socialistas también cargaron contra la iniciativa, que logrará que la «prostitución salga de las carreteras principales para esconderse en áreas secundarias».