El Supremo duda de su presidente

Los jueces de la Sala de Admisión de Causas Especiales del Supremo lo tenían fácil. Les bastaba dar por bueno el informe del teniente fiscal de ese tribunal, Juan José Martín-Casallo, para dar carpetazo definitivo al asunto de los viajes a Málaga de Carlos Dívar sin siquiera entrar a estudiarlo. También podían haber seguido el criterio del propio Poder Judicial de apresurarse a zanjar el asunto al no ver irregularidad alguna en esos gastos, a pesar de que el presidente del Supremo se niega a explicar quiénes eran sus acompañantes y qué eventos oficiales justificaron sus continuos desplazamientos y estancias en Marbella a cuenta del dinero público.

Pero los cinco jueces que tenían en su mano la suerte de la máxima autoridad de la judicatura tuvieron ayer dudas y no quisieron enterrar el asunto de un plumazo. Por unanimidad acordaron que el tema de los 13.000 euros que el presidente del Supremo endosó a las arcas del Poder Judicial es lo suficientemente serio para que el futuro procesal de la quinta autoridad del país lo decida el máximo órgano con jurisdicción penal en España, el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo.

Ese órgano será el que el miércoles resuelva si Dívar se convierte en el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo investigado por ilícito penal. Serán 14 de los 15 magistrados que componen el pleno los que deliberen a puerta cerrada si su superior incurrió en algún delito al cargar durante cuatro años al erario público los gastos de hoteles y restaurantes en los desplazamientos a su Málaga natal, una veintena desde que tomara posesión en 2008. El pleno se reunirá sin la presencia del magistrado Francisco Monterde para evitar la contaminación, ya que a este juez, por turno, le correspondería ser instructor en caso de que el Supremo decida admitir a trámite la querella interpuesta por la asociación Preeminencia del Derecho contra Dívar por un delito de estafa.

Nadie en el tribunal de la madrileña plaza de la Villa de París se atreve ya a hacer vaticinios sobre la suerte de Dívar en manos de sus compañeros. Y menos aún después de que ayer los cinco magistrados de admisión, Juan Saavedra, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero, dieran la sorpresa y no asumieran de manera automática la petición que hizo el viernes la Fiscalía de abortar cualquier investigación antes incluso de que comience.

«Caso por caso»

Martín-Casallo, que es el mismo fiscal que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público después de que el vocal del Consejo José Manuel Gómez Benítez denunciara la supuesta malversación de fondos por parte del presidente, defendió la no admisión a trámite basándose en el argumento de que como Dívar es «autoridad» es «muy difícil separar o delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente».

También explicó en su escrito que no cabía en cualquier caso hablar de estafa como apuntaba el abogado denunciante, el letrado murciano José Luis Mazón, sino de malversación de caudales públicos, una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva. Martín-Casallo llegó a afirmar para exculpar al presidente del Poder Judicial que el juez fue acomodándose «caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar».

La querella que examinará el Pleno fue iniciada por Preeminencia del Derecho, que presentó el pasado 31 de mayo el escrito después de que el propio Supremo acordara archivar por cuestiones formales la denuncia que esta asociación interpuso previamente contra Dívar. El Supremo avisó entonces a Mazón que debía transformar la denuncia en querella, cosa que hizo.

Ese mismo día Dívar compareció para dar la cara ante la opinión pública para dar su versión, pero no para disculparse por haber endosado a las arcas del consejo las facturas. Aseguró tener la «conciencia absolutamente tranquila» porque no había cometido ninguna «irregularidad ni jurídica ni moral ni política».