El PSOE traslada a los juzgados su estrategia de oposición

Con solo 110 diputados frente a la contundente mayoría absoluta de 186 escaños del PP, el PSOE apenas tiene espacio para respirar en el Parlamento. Sus intentos de frenar o meter baza en las medidas de ajuste que el Ejecutivo aprueba viernes sí, viernes también se han demostrado inanes. Condenados a darse una y otra vez contra el muro, los socialistas se han entregado a una estrategia de la que abominaron durante sus años en el Gobierno, la judicialización de la vida política.

«Lo nuestro no es una oficina del grupo parlamentario, es un despacho de abogados ¡Que no hacemos más que ver demandas!», ironizaba hace unos días una dirigente socialista poco después de hacerse pública la decisión de presentar de manera inmediata un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que reforma el consejo de RTVE; otro contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para paralizar la amnistía fiscal; y en caso de que la Mesa del Congreso no reconsidere su veto a la comparecencia del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, uno de amparo ante la corte garante de la Carta Magna.

Esta batería de actuaciones se anunció en apenas dos días, pero no es nada nuevo. La vía judicial se ha convertido en una herramienta ordinaria de oposición a pesar de que es lenta y de que tiene muchos detractores. No hace tanto que el presidente del partido, José Antonio Griñán, dijo aquello de «al judicializar la política hemos terminado politizando la justicia». Fue el 12 de febrero. El Tribunal Supremo acababa de condenar por unanimidad al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama 'Gürtel' y sus abogados, y el dirigente andaluz no pudo reprimir el comentario en su cuenta de Twitter.

En su día, los socialistas afearon al PP que llevara a los tribunales casi todo lo que hacía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: el Estatuto de Cataluña, el matrimonio homosexual, la Ley del aborto, la Ley de igualdad, los Presupuestos de 2010 y 2011... Por eso, en un primer momento hubo discusión en la ejecutiva socialista, según algunas fuentes, sobre la conveniencia de seguir tan farragoso cauce.

Mecanismo defensivo

Ahora, en la dirección del partido alegan que no tienen margen para otra cosa. «No podemos quedarnos de brazos cruzados si consideramos que se están vulnerando derechos», señalan. Así, en los últimos tres meses ya se han anunciado cinco actuaciones, siete si se cuentan los recursos que, en principio, tienen previsto presentar los Gobiernos de Andalucía y el País Vasco contra el decreto que pretende recortar más de 7.000 millones en Sanidad. Los servicios jurídicos del PSOE están que arden. Y tampoco paran el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José de Francisco, quienes hasta ahora se han encargado de elaborar los informes en los que se sustentarán las impugnaciones. Tener a los 'abogados' en plantilla supone un ahorro considerable para una formación que vive una época de vacas flacas y ha visto reducido al 50% su presupuesto.

Entre las razones que han impulsado al primer partido de la oposición a adoptar esta estrategia está, principalmente, la de que la inmensa mayoría de las iniciativas aprobadas por el Gobierno, casi el 80%, son decretos y no proyectos de ley, aunque en algunos casos acaben tramitándose como tal, su aplicación es inmediata desde el momento en el que son publicados en el BOE, es decir, antes de pasar por las Cortes. Legalmente, el Ejecutivo puede echar mano de esa figura solo en situación de «extraordinaria o urgente» necesidad y para cuestiones que no afecten a determinado tipos de leyes y derechos.

El recurso de inconstitucionalidad que el jueves pasado registró el PSOE contra el cambio en el modelo de administración de RTVE se apoya justo en eso, en que no hay nada que haga imperiosa una reforma que permitirá al PP elegir por mayoría absoluta, en segunda vuelta, a los miembros del consejo de la corporación, ni nada que justifique que se saque a los sindicatos de ese órgano en el que, por cierto, los socialistas han decidido no participar en señal de protesta.

El resto de denuncias siguen en la recámara. Esta semana está previsto, en todo caso, que la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, y el secretario general del grupo, Eduardo Madina, regresen al Tribunal Constitucional para registrar su recurso contra la amnistía fiscal, que permitirá blanquear dinero negro de origen dudoso. Y, en cuanto la reforma laboral termine su tramitación parlamentaria, el 21 de junio si no se introducen enmiendas en el Senado, también la someterán a la revisión de los magistrados.

También el Partido Socialista de Madrid recurrió la privatización del Canal de Isabel II, y Jaime Lissavetzky, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, estudia recurrir la subida del IBI.