El Parlamento se desoxida

El Parlamento andaluz dará vía libre el próximo jueves a la primera comisión de investigación en 17 años. El escándalo de los ERE en la Consejería de Empleo durante una década será analizado por una comisión integrada por diputados del PP, PSOE e Izquierda Unida. La tarea no es fácil. Tendrán que analizar por qué durante una década se concedieron ayudas y prejubilaciones de forma arbitraria desde la Consejería de Empleo con el consiguiente fraude de al menos 80 millones de euros de una partida de 1.217 millones. La trama enreda a cargos políticos del PSOE, empresas, mediadores, sindicalistas y prejubilados falsos.

El PP pidió en diez ocasiones la investigación del fraude ocurrido desde 2001. La mayoría absoluta del PSOE la esquivó. IU siempre apoyó la iniciativa popular. Era lógico que si quería no aparecer incongruente mantuviera su opinión pese a pactar con los socialistas. Lo primero que hizo el grupo de IU tras constituirse la Cámara fue registrar la petición de una comisión de investigación de los ERE.

La importancia de IU es fundamental en esta comisión de investigación. Como lo fue en 1995 cuando se aprobó la última, la relativa a los fondos de la Junta invertidos en la Expo 92. Entonces el PSOE gobernaba en minoría. IU estaba en la oposición con el PP y lo que se visualizó fue un pacto contra el Gobierno de Chaves que este llamó 'la pinza'. Diego Valderas era presidente del Parlamento. Hoy es vicepresidente de la Junta. «La comisión de los ERE se hace porque IU quiere», manifiesta José Antonio Castro, portavoz de la formación, quien añade, no obstante, haber encontrado «una disposición positiva» en el PSOE, socio de gobierno.

El grupo socialista afronta el examen de la Cámara con la misma aprensión con la que negó durante años las comisiones. Teme que se convierta en una excusa para hacer desfilar a todos los cargos socialistas como presuntos culpables. La razón no es otra que la investigación judicial en curso. La jueza instructora Mercedes Alaya ha señalado en varios autos su objetivo de investigar si hubo negligencia por parte de varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando este era consejero de Hacienda.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, advierte que su grupo no permitirá «una cacería». Los socialistas intentarán blindar a Griñán y Chaves delimitando las pesquisas a la Dirección General de Trabajo de la Junta y, por tanto, las comparecencias a sus titulares y a los consejeros de Empleo. Mario Jiménez insiste en que el objetivo de la comisión es esclarecer las responsabilidades políticas en esta dirección general. «Ese es el sentido de la comisión y no otro», subrayó ayer. La comisión no podrá interrogar al exconsejero Antonio Fernández y al exdirector general Javier Guerrero, ambos en prisión.

Interventores

Pero va a ser muy difícil que Chaves y Griñán no acudan a la comisión. Ya han manifestado esta semana estar dispuestos a ello si los grupos lo piden. El PP lo hará. Reclamará la presencia de los dos presidentes y de los consejeros de Empleo e Innovación desde 2001, además de los interventores de la Junta entre otros funcionarios, según Carlos Rojas, portavoz del PP.

El líder del partido, Javier Arenas, dio a entender ayer que su grupo podría no participar en la comisión si PSOE e IU impiden que los presidentes vayan a declarar. «Crear una comisión de investigación para analizar la conducta de un Gobierno sin que asista el propio Gobierno no sirve absolutamente para nada», manifestó.

IU no quiere líneas rojas, ni cortapisas sobre las comparecencias, pero tampoco montar en el Parlamento un juicio paralelo. «Tenemos claro que no vamos a hacer de Alaya», advierte Castro. PSOE e IU negocian la lista de personas que deberán comparecer. Antes de esto los tres grupos deben constituir una comisión y sus reglas. PP e IU coinciden en que no debe limitarse el calendario. El grupo socialista desearía que se le pusiera fecha y que el examen terminara antes del nuevo curso político en septiembre.

Izquierda Unida se ve como el árbitro que marcará el ritmo de una investigación que debe esclarecer de forma «rigurosa y seria» qué es lo que se hizo mal en la Administración. Este grupo pedirá la presidencia de la comisión de investigación y que el número de diputados que la integren sea más de uno y la misma proporción por cada grupo.

Hasta ahora solo ha habido 8 comisiones de investigación en 30 años de vida parlamentaria. El bienio de la pinza' fue el más prolífico. Hubo cuatro, incluida la de la Expo. La primera en la historia fue seis meses después de constituirse el Parlamento en 1982, para dilucidar sobre irregularidades en la Caja Rural de Jaén. En 1987 se formó una a petición del Gobierno de Rodríguez de la Borbolla y en 1992 otra a instancias del de Manuel Chaves. Las dos sobre actuaciones de la Junta en la compra de edificios o adjudicaciones de obras con sospechas de financiación ilegal del PSOE. Eran otros tiempos.