Morenés lamenta que el 'caso Dívar' dé mala imagen al Poder Judicial

El ministro de Defensa lamentó ayer que el 'caso Dívar' dé «mala imagen» al Poder Judicial y abogó por aprender a «separar la institución de las personas que la conforman» porque «si no acabamos confundiendo las cosas y es malo». «El señor Dívar y el Poder Judicial son dos cosas distintas», comentó Pedro Morenés en un intento de deslindar responsabilidades.

Morenés es el primer miembro del Gobierno que desliza una crítica, aunque fuera velada, sobre los polémicos viajes a Marbella del presidente del Consejo General del Poder Judicial pagados con dinero público. El Ejecutivo ha hecho una defensa cerrada de Carlos Dívar y, al igual que el PP, ha empleado todos sus recursos tanto en la institución de gobierno de los jueces como en el Parlamento para pasar página y dar por zanjado el asunto.

El ministro señaló en una entrevista en Onda Cero que es una «malísima noticia» el desapego detectado hacia la Justicia, impresión que constatan todos los estudios del CIS, porque «las instituciones tienen que ser respetadas por los ciudadanos» y «es peligrosísimo, desde el punto de vista social, que el sistema democrático esté en tela de juicio».

Las palabras de Morenés se produjeron el mismo día en que tanto los vocales del Poder Judicial más críticos con el comportamiento de Dívar como el PSOE elevaron la presión para que el presidente acuda al Congreso a explicar los gastos particulares cargados al Consejo o, en caso contrario, asuma sus responsabilidades políticas y dimita. Dívar, por su parte, se mantiene en silencio, economiza sus presencias públicas y suspendió su asistencia hoy al congreso nacional de los procuradores de los tribunales en Córdoba.

Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, tres de los cinco vocales que el 24 de mayo reclamaron sin éxito su dimisión, solicitaron ayer por escrito comparecer en el Congreso y en el Senado para informar sobre su actividad, sobre sus gastos y para contestar a las preguntas que quieran hacerles los parlamentarios sobre el 'caso Dívar'.

Su actitud va a incrementar sin duda la presión política sobre el PP, que el martes pasado y con la ayuda de CiU, rechazó las peticiones de PSOE e IU para que el presidente del Poder judicial compareciera ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar los gastos de la institución. El argumento de los populares fue que el Consejo es el órgano de gobierno de un poder independiente del Estado y que sus miembros no pueden ser controlados por las Cortes. Es evidente que su opinión difiere no solo de la que mantiene la oposición sino también de la de varios de los miembros de la institución afectada.

El último escalón

Este argumento sin duda será explotado el martes por el PSOE e IU ante la Mesa del Congreso, donde va a reclamar que se reconsideren sus peticiones de comparecencia de Dívar. Los socialistas están convencidos de que su demanda está avalada por la doctrina del Constitucional, por lo que en caso de recibir otro veto de la Mesa, como prevén, recurrirán la decisión en amparo ante el tribunal.

Pero el PSOE no se va a quedar en los recursos legales. Ha decidido subir el último escalón del 'caso Dívar'. Si el presidente del Poder Judicial no acude al Congreso a explicar con detalle el uso que hizo de fondos públicos en la veintena de viajes pedirán su dimisión. Así lo anunció la número dos del principal partido opositor, Elena Valenciano. La petición de responsabilidades se hará de inmediato si el PP repite el veto.

Los socialistas llevan semanas sin querer decir si creen que Dívar debe dimitir, pero consideran que si no da cuentas al Congreso será inevitable, tras haberse cerrado la investigaciones sobre estos gastos en el Consejo y en la Fiscalía, y haber ofrecido una conferencia de prensa en la que tampoco aclaró el uso de los fondos públicos.

La única comparecencia relacionada con el 'caso Dívar' que parece estar asegurada en el Congreso es la del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien deberá explicar en la Comisión de Justicia por qué archivó las diligencias abiertas sobre los gastos de viaje del presidente del Consejo después de recibir la denuncia del vocal Juan Manuel Gómez Benítez. La comparecencia está prevista para este mes.