La 'doctrina Parot' ha costado ya cinco siglos de cárcel a los etarras

El pasado 29 de marzo, tras años de incertidumbre, el Tribunal Constitucional avaló a grandes líneas la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, más conocida como la 'doctrina Parot', que establece que los beneficios penitenciarios se deben descontar sobre el total de la condena del reo y no sobre el máximo de cumplimiento de la misma, habitualmente 30 años. La corte, en una primera tanda, solo dio amparo a tres presos de ETA de los 28 reclusos que habían llamado a las puertas del tribunal buscando su excarcelación inmediata.

Las cifras, tras más de seis años de aplicación de esta doctrina, son mucho más abultadas, según los cálculos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, en esencia, coinciden con las últimas estadísticas del EPPK (colectivo de presos vascos) y de la propia Etxerat, la asociación que agrupa a los familiares de los reclusos de la banda. Desde febrero de 2006, cuando falló el Supremo, hasta el pasado mayo, la Audiencia Nacional ha impuesto, al menos, un cumplimiento extra de 561 años de cárcel efectiva a la colonia penitenciaria que aún sigue fiel a la filosofía de la organización y no ha sido expulsada de ETA.

Desde que el alto tribunal reinterpretara la forma del cálculo para la liquidación de condena, hasta 83 terroristas han visto frustradas sus excarcelaciones, si bien a día de hoy cerca de una treintena de presos de ETA tienen recursos pendientes de resolución en el Constitucional. La gran mayoría de los afectados por la 'doctrina Parot', 66, siguen todavía en prisión, de acuerdo con las últimas estadísticas del EPPK, confirmadas por fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciaras. Solo hay cuatro casos en los que, a pesar de alargarse la condena por vía de la sentencia del Supremo, fueron excarcelados antes de tiempo, casi siempre por motivos de salud. A esos internos hay que sumar otros 13 que ya se encuentran en libertad tras haber cumplido íntegramente su condena, en algunos casos cercanas a los 30 años de cárcel.

Durante los seis años de vigencia de la sentencia 197/2006 en 55 casos se aplicó la doctrina cuando ya había una fecha prevista de salida de la cárcel, aunque no estuviera hecha oficialmente la respectiva liquidación de condena, único supuesto en el que el Constitucional ha anulado el alargamiento de condena por aplicársele de forma retroactiva una norma que le supone un quebranto.

Ocho años

En los años de vigencia de la doctrina ahora avalada por el Constitucional, la prolongación media de la condena a los presos terroristas a los que se aplicó la sentencia 197/2006 fue de ocho años y cuatro meses más, aunque hay algunos etarras muy por encima de ese cálculo. Hasta ahora, el caso en que más se ha aplazado la excarcelación de un terrorista es el de Inmaculada Pacho Martín, a la que la doctrina 'Parot' ha supuesto 13 años más entre rejas. Esta terrorista, detenida en 1991 y que debía haber sido puesta en libertad en marzo de 2008, fue condenada a más de 500 años de prisión por, entre otros delitos, cinco asesinatos.

Con prolongaciones de 12 años de prisión hay media docena de terroristas, todos ellos con al menos un delito de sangre, y entre los que se encuentra, por ejemplo, Iñaki Pujana Alberdi, 'Alain Delon', exmiembro de la dirección de ETA y exresponsable de los comandos operativos de la organización entre 1985 y 1987.

Si no hay cambios legislativos o median medidas de gracias, la doctrina 'Parot' seguirá aplicándose, al menos, hasta dentro de once años. Según los archivos judiciales, 2023 es el último año hasta el que se ha alargado un cumplimiento efectivo de condena. Se trata del etarra Gonzalo Rodríguez Cordero, que iba a salir el año que viene de prisión, pero al que se ha prolongado su reclusión una década. Rodríguez, asesino de cuatro militares y un civil en un atentado en 1992 en la plaza de la Cruz Verde de Madrid, fue el etarra que se desnudó durante un juicio en la Audiencia Nacional para provocar su expulsión.