PP y CiU impiden que Dívar dé explicaciones al Congreso por sus viajes a Marbella

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se ha librado de ir al Congreso a dar explicaciones sobre la veintena de viajes que realizó a Marbella en los últimos cuatro años, parte de cuyos gastos de alojamiento y manutención en hoteles y restaurantes de lujo fueron abonados con cargo al presupuesto de la institución.

El PP, en esta ocasión apoyado por CiU, usó su mayoría absoluta en la Mesa de la cámara para vetar las comparecencias solicitadas por el PSOE e IU. Populares y nacionalistas catalanes defendieron que Dívar es el presidente de uno de los poderes del Estado y que la gestión de los recursos que administra el Consejo General del Poder Judicial no puede ser controlada por el Congreso.

El portavoz del PP, Alfonso Alonso, indicó que la determinación sobre si Dívar usó o no dinero público para disfrute privado es algo que solo concierne al Poder Judicial, que es también el único órgano que puede depurar responsabilidades si es que las hubiese.

Pero los esfuerzos de la mayoría del Consejo, del Gobierno y del PP por tratar de zanjar definitivamente la polémica de los viajes y evitar que el escándalo profundice en el desgaste y desprestigio de la institución no alcanzaron su objetivo. El PSOE volverá a reclamar la comparecencia en la reunión de la Mesa de la próxima semana y adelantó que si vuelve a ser vetada presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque considera vulnerado el derecho del Congreso a obtener informes sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre el uso de un presupuesto que aprueba la cámara.

El fiscal general, sí

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, acusó al PP de pasar una vez más «el rodillo» y recordó que el Constitucional autorizó en ocasiones precedentes la comparecencia del presidente del Poder Judicial en el Congreso para asuntos distintos de la obligada presentación de la memoria anual de actividades de la institución. Lo que quiere su grupo, dijo, es que el también presidente del Supremo dé explicaciones «muy claras», pero eludió opinar sobre si debe dimitir.

El otro grupo vetado, IU, calificó lo ocurrido de «obstruccionismo injustificado» de la Mesa y advirtió al grupo mayoritario de que «Dívar, quien ostenta la máxima magistratura en el Tribunal Supremo y en el gobierno de los jueces, pierde toda la autoridad moral con la impunidad que le da el PP».

Dívar casi con toda seguridad no pisará el Congreso hasta el próximo otoño, que es cuando toca presentar la memoría de 2011, pero quien debería hacerlo antes es Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado. La Mesa sí que aceptó que comparezca ante la Comisión de Justicia para explicar por qué archivó por ausencia de delitos la denuncia presentada por el vocal del Poder Judicial Juan Manuel Gómez Benítez contra su presidente por considerar que había malversado dinero público. La fecha en que se producirá aún se desconoce y la decidirá la mayoría del PP, que puede dilatarla lo que quiera.

El Supremo, por otra parte, reclamó a la Fiscalía que le remita toda la documentación en su poder sobre los viajes realizados por Dívar a Marbella. El tribunal va a realizar un análisis exhaustivo de la información para comprobar si existen indicios de delitos antes de decidir si admite o no a trámite la querella por estafa que contra Dívar presentó hace días una asociación de juristas.

La Mesa del Congreso, además, acordó impedir que el pleno del Congreso debata sobre la apertura de la comisión de investigación sobre las finanzas de la Casa Real y sobre las medidas de control que debería tener el Congreso que pidieron IU, BNG y ERC. En este caso, tanto PP como PSOE y CiU estuvieron de acuerdo en que este ejercicio de control del Congreso sobre la Corona sería «inconstitucional».