La Junta rechaza que Griñán comparezca por los ERE

El Gobierno quiere blindar a Griñán y de paso a Chaves ante la comisión de investigación por el caso de los ERE que el Parlamento aprobará la próxima semana. El PP ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del actual presidente y del expresidente de la Junta para que presten declaración en la Cámara sobre el presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo y en las ayudas a la empresas en crisis. IU ha dicho que no descarta pedir que acudan a declarar. Pero la consejera de Presidencia, Susana Díaz, dejó clara cuál es la postura oficial del Gobierno, del que IU es parte: «No hay motivos para que comparezcan». Díaz hizo extensiva esta apreciación al resto de miembros del Gobierno, presente y pasado.

Díaz dijo que el Gobierno no ve «ningún elemento» para que acudan a la comisión a someterse a las preguntas de los diputados dado que, al día de hoy, «no hay ningún hecho probatorio» contra el que fuera presidente de la Junta, Manuel Chaves, ni contra el actual, José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda durante parte de los años investigados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Informe

Un atestado con la investigación de aquellos años realizada por la Guardia Civil por encargo de la jueza instructora, Mercedes Alaya, sostiene que ambos mandatarios pudieron conocer las supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Empleo desde 2001 a 2010. «Ningún miembro del Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades o ilegalidades», subrayó Díaz, quien insistió en desautorizar el informe de la Guardia Civil.

La consejera reiteró que el atestado «no aporta nada nuevo», hace «valoraciones» que carecen de «hechos probatorios» y «acusaciones que son falsas».

Susana Díaz dijo el sábado que Griñán y Chaves son objeto de una «causa general» y de una persecusión «inquisitorial», lo que ha sido replicado por el PP como un intento de desautorizar a la institución de la Guardia Civil. La consejera contestó que respetar y defender a la Guardia Civil no implica estar siempre de acuerdo con sus actuaciones. Añadió que la Guardia Civil es una institución de derecho y como tal la respeta, «pero también es un derecho discrepar de un atestado», dijo

«No diremos nunca lo que han dicho los dirigentes del Partido Popular cada vez que se ha investigado un caso de irregularidad que afectaba a su partido», subrayó la consejera recordando que Rajoy antes de ser presidente atribuyó a una «trama de jueces, fiscales y policías» las investigaciones en torno a su partido.

Díaz cree que no solo no hay motivos para que Griñán y Chaves declaren en la comisión parlamentaria, sino que tampoco los ve para que acudan ningún miembro del Gobierno, entendiéndose a todos los que lo fueron estos años. De esta forma también está tendiendo un cordón de seguridad en torno a la consejera de Hacienda y Administración Pública. Carmen Martínez Aguayo admitió que fue ella la que como viceconsejera recibió los informes de la Intervención General de Hacienda que advirtieron de irregularidades en el pago de los ERE y que no los trasladó al consejero de Hacienda, entonces Griñán, porque no alertaban de menoscabo de fondos públicos.

Un circo

Aunque Díaz dijo que el Gobierno no interferirá en la comisión de investigación, sus declaraciones se interpretan como un intento de blindar a Griñán y Chaves ante la comisión. Para que esto sea posible, el PSOE deberá persuadir a su socio de gobierno de no reclamar su presencia. Tanto PSOE como IU han advertido que no consentirarán en convertir la comisión en un «circo».

El portavoz de IU, José Antonio Castro, se apresuró a decir que su formación no descarta pedir la comparecencia de Griñán y Chaves. Castro recordó una obviedad, que la comisión persigue depurar responsabilidades políticas, por lo que serán políticos los que también deban comparecer. También dijo que el Gobierno no tiene nada que decir, ya que la comisión es cosa del Parlamento.

El PP ya ha advertido que la comisión sería un «paripé» si no declaran los presidentes andaluces y si no se da límite al tiempo de investigación. El Parlamento podría habilitar el mes de julio para ello.