El PP recupera iniciativa con los ERE y vuelve a situar a Griñán en el punto de mira

El extenso atestado de la Guardia Civil sobre las presuntas ilegalidades ocurridas en la Consejería de Empleo desde 2001 a 2010 ha reactivado al PP, fuera de juego político en Andalucía tras fallar el pronóstico de las elecciones del 25 de marzo. El PP opina que la Guardia Civil avala sus denuncias porque coloca a Griñán en el punto de mira de la investigación, como conocedor, junto a otros miembros de los gobiernos socialistas, de las posibles irregularidades que se estaban cometiendo en Empleo con las supuestas ayudas fraudulentas a empresas en crisis y la inclusión de intrusos en la lista de los beneficiados de prejubilaciones.

«Esto no es una cacería del PP», manifestó ayer Antonio Sanz, secretario general del PP-A tras referir que en lo mismo han coincidido la jueza Mercedes Alaya, la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas. Sanz critica además que la Junta pusiera en tela de juicio el atestado de la Guardia Civil. Para Sanz, Griñán «es como aquel conductor suicida, que cree que todos los demás van por el sentido contrario».

El informe con las diligencias de la Guardia Civil afirma que Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, tuvo que haber conocido los informes de la Intervención General de Hacienda alertando de irregularidades en el sistema utilizado para la transferencia de ayudas a las empresas en crisis porque estaba obligado a ello. Su viceconsejera, entonces Carmen Martínez Aguayo, era quien recibía los informes, pero la Guardia Civil considera que dada la gravedad que alertaban, con desvíos presupuestarios de 40 millones de euros, «se debe suponer» que lo conocía el consejero.

Los agentes que investigan el fraude de los ERE (expedientes de regulación de empleo) también señalan a Griñán como quien autorizaba aumentos presupuestarios de la partida 31L destinada a pagar, mediante el sistema considerado ilegal, los ERE y las ayudas fraudulentas. Todo ello apuntado ya por la jueza en sus autos. El Gobierno andaluz siempre han defendido la partida y el procedimiento como legales, aunque su uso haya sido fraudulento.

Preguntado Sanz ayer si el PP considera a Griñán con posibles responsabilidades jurídico-penales, el dirigente popular señaló que las «exigencias jurídico penales» corresponden a la jueza. «No soy la jueza, yo solo pido responsabilidades políticas y éticas», dijo.

Defensa de la Guardia Civil

Sin embargo, Sanz manifestó que el presidente de la Junta «está en una situación límite e insostenible». También señaló que los informes conocidos esta pasada semana le sitúan «como máximo responsable de la trama de los ERE». Sanz cree que Griñán debe dar explicaciones y no transferir sus opiniones a la consejera de Presidencia, Susana Díaz.

Esta calificó la instrucción del caso de «inquisitorial». «Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios». «¿Cómo puede decir que la Guardia Civil acusa sin pruebas?» inquirió Sanz ayer, que considera las declaraciones del Gobierno de «impresentables».

El ministro del Interior, Jorge Fernández, también rechazó las declaraciones de Díaz. « Ninguna institución debería caer en la tentación lamentable y mezquina de cuestionar la independencia y el rigor de la Guardia Civil», dijo, según recoge Europa Press.

La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, lamentó que el PP quiera «sacar tajada» y «erosionar» a Griñán con el atestado de la Guardia Civil. Añadió que los socialistas respetan la Guardia Civil aunque discrepan de lo que dicen en el atestado por hacerlo con conjeturas.