Piden un estudio jurídico del anteproyecto del informe de los ERE

El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha acordado por mayoría solicitar un informe al gabinete jurídico de la institución sobre la totalidad del anteproyecto de informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011. Según indicó la Cámara de Cuentas en una nota, esta decisión se tomó en el pleno de ayer con la finalidad de «dotar de las máximas garantías de legalidad al acuerdo que se adopte sobre el trabajo de fiscalización».

El ente fiscalizador precisó que «una vez elaborado y conocido por todos los consejeros el oportuno dictamen jurídico, se debatirá y aprobará de manera provisional el informe y se procederá a su envío a la entidad auditada para que realice las alegaciones oportunas». El pleno acordó también una declaración institucional, por unanimidad de los miembros presentes, en la que deja claro que sus miembros ejercen «con absoluta libertad e independencia la responsabilidad que nos ha sido encomendada por el Parlamento y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en nuestra labor, provenga de donde provenga, pues si lo hiciéramos incumpliríamos de manera grave los deberes de nuestro cargo».

El pleno considera que el ejercicio de la tarea de control «exige un elevado compromiso de responsabilidad, esfuerzo, dedicación y lealtad institucional» y deja claro que sus actuaciones como pleno «están en todo momento guiadas por estos principios y nos comprometemos públicamente a continuar en esta dirección» después de casi 25 años de trabajo.