Un escrito de 2009 censura un informe sobre la falta de control

Un fax remitido en diciembre de 2009 desde el «gabinete del consejero» de Empleo, entonces Antonio Fernández, sobre el «encaje jurídico» de las ayudas socio laborales financiadas mediante la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, cuya posible administración fraudulenta investiga la jueza Alaya, señalaba el «problema añadido» de la «obligación insoslayable de publicar las subvenciones» y su carácter «discrecional», manifestando el aviso de que no convenía «destacar» en un informe jurídico que el «trámite de control financiero individual» había sido «eludido» en el caso de estas ayudas. En el documento se señalan las «dificultades de encaje jurídico» de las ayudas asociadas a la partida presupuestaria 31L al haber expirado el convenio firmado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo IFA, ya entonces rebautizado como IDEA. El autor del texto cree que en dicho documento, «la alusión a la elusión del trámite de control financiero no parece muy discreto que se resalte», señala el escrito.