PP y PSOE anteponen sus intereses en la renovación del Constitucional

PP y PSOE nunca han resistido la tentación de tratar de condicionar en función de sus intereses partidistas las decisiones del Tribunal Constitucional, el órgano garante, intérprete y árbitro de la Carta Magna. Los dos grandes partidos saben que las resoluciones de la corte, que deciden la constitucionalidad de las leyes, dan forma al sistema autonómico y fijan los límites a derechos y libertades, tienen siempre un potente efecto en la vida política. Por ese motivo, y de forma más evidente en los últimos cinco años, no han tenido empacho en supeditar el funcionamiento e incluso la estabilidad del tribunal a sus objetivos particulares. Así lo han denunciado los dos últimos presidentes de la institución.

Este comportamiento no ha hecho más que abonar el escepticismo entre los magistrados hacia las fuerzas políticas. Incluso el acuerdo alcanzado este viernes entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para renovar en junio a los tres miembros con mandato caducado desde año y medio y designar el sustituto de un jurista fallecido hace cuatro años fue recibido con incredulidad.

Populares y socialistas han dado la vuelta a la previsión constitucional. La Carta Magna establece que los magistrados deben ser designados por los dos tercios del Parlamento para asegurarse de que PP y PSOE estén obligados a pactar los nombres dado que es casi imposible que un solo partido obtenga semejante mayoría en la cámara. Sin embargo, la constante desde 2007 es que uno u otro o los dos partidos han utilizado su imprescindible cuota en las designaciones para bloquear la renovación del tribunal y evitar el cambio de mayorías, ya sea progresista ya sea conservadora, por conveniencia política o cálculo electoral.

La disputa que desencadenó el Estatut de Cataluña, plebiscitado en el verano de 2006, provocó que un tercio del tribunal, incluida la presidenta María Emilia Casas, tuviesen que estirar su mandato durante tres años, el incumplimiento más largo soportado por la corte, ante el bloqueo de las renovaciones. Una parálisis que buscaba condicionar el fallo. La sustitución de cuatro magistrados, que debió producirse en diciembre de 2007, nunca fue querida por el PP porque suponía el aumento de jueces progresistas y el seguro rechazo de su recurso contra el Estatut. El PSOE, que sí perseguía los cambios, aflojó algo la presión sobre los populares cuando en mayo de 2008 la corte retornó al empate a cinco con la muerte del conservador Roberto García-Calvo.

Los grandes partidos siempre desmintieron esta versión y se culparon uno a otro del bloqueo, pero lo cierto es que la renovación imposible durante tres años se pactó en solo dos meses una vez que, en julio de 2010, el Constitucional resolvió el recurso contra el Estatut.

Oídos sordos

Como denunció María Emilia Casas en su despedida, ante todos los altos cargos del Estado, PP y PSOE, con falta de «respeto y lealtad», «incumplen de forma grave» la disposición constitucional de renovar un tercio de los doce magistrados del tribunal cada tres años y «empañan la legitimidad» de sus resoluciones con el mantenimiento interesado de los juristas en la interinidad. Casas advirtió de que con sus maquinaciones de trastienda política «embarran» a los designados y ponen en duda la independencia obligada del árbitro constitucional.

El rapapolvo público de Casas sonrojó algunas caras, pero no tuvo efectos. Si el Senado retrasó tres años la renovación de su tercio, el Congreso hace año y medio que tenía que haber cambiado a otros cuatro magistrados y no lo ha hecho. Ninguno de los dos partidos tenía demasiada prisa en 2011, año electoral con municipales, autonómicas y generales.

El PSOE, al fin y al cabo, cuenta con una mayoría progresista en la corte, pero el PP quiere aprovechar su rotunda mayoría parlamentaria que incluso le permite aspirar a nombrar hasta tres de los cuatro nuevos magistrados, con lo que equilibraría la balanza en el tribunal e incluso podría intentar colocar en la presidencia a un conservador. Cambios importantes cuando aún están pendientes de resolución los recursos de Sortu, y los de las leyes del aborto y del matrimonio homosexual.

Quien ha dicho basta es la institución. Tras amagar hace un año con un escándalo político si no se producía la renovación, y ser de nuevo ignorado, el pleno del Constitucional ha comunicado a PP y PSOE que desencadenará una crisis institucional sin precedentes, con posible bloqueo de los trabajos de la corte, si el Congreso no hace las cuatro designaciones de inmediato. El órdago está en el tejado de Rajoy y Rubalcaba, que dicen haberse enterado.