«La Fiscalía me ha exculpado y no pienso dimitir»

«La Fiscalía me ha exculpado y no vio indicios de responsabilidad penal. Por ello no pienso dimitir». Esta fue la respuesta que dio Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, para desactivar la petición de dimisión de cinco de los 20 vocales del Consejo, según fuentes presentes en el pleno extraordinario celebrado ayer.

Dívar zanjó así la peor crisis institucional sufrida por el órgano de gobierno de los jueces en sus 32 años de existencia sin dar explicaciones públicas sobre sus gastos privados cargados al erario del Consejo y lamentando a través de una nota, leída por la portavoz, Gabriela Bravo, el «grave quebranto» causado al Poder Judicial, al Supremo y a toda la carrera profesional.

Tras cinco tensas horas de pleno «deliberativo y de carácter secreto», la máxima autoridad judicial del país se aferró al cargo con uñas y dientes sabedor del apoyo de una mayoría de vocales. De los 20 consejeros, siete manifestaron en la reunión su total respaldo y ocho no estimaron la posibilidad de que dimitiera, como plantearon cinco vocales, entre ellos el denunciante, José Manuel Gómez Benítez, y la exnúmero dos de Interior, Margarita Robles, ambos nombrados por el PSOE.

Antes de que las cartas se pusieran boca arriba, Dívar dio su versión sobre los 13.000 euros cargados a protocolo en sus 20 viajes de fin de semana a Marbella en tres años, y que desencadenaron la grave crisis institucional. El presidente lamentó, en primer lugar, las consecuencias que ha tenido este asunto para la credibilidad del Consejo, y se agarró a los argumentos de la Fiscalía del Supremo para archivar la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por Gómez Benítez.

«Lo dice claro. Ni vio indicios de delito ni aprecia que quisiera lucrarme. No tengo conciencia de haber actuado mal», vino a explicar Dívar a los vocales, según fuentes de la reunión. Después llegó su propuesta genérica de que trabajaría para que el Consejo se dote de mayores medidas de transparencia sobre los gastos. Y a partir de ahí se abrió la veda para la intervención de los vocales.

Tomaron la palabra aquellos que respaldaron a Dívar y criticaron con dureza al denunciante Gómez Benítez, al que pidieron la dimisión por la «campaña de desprestigio intencionada» que ha socavado la imagen del órgano de gobierno de los jueces.

Fueron siete consejeros, entre ellos la portavoz Gabriela Bravo, nombrada por el PSOE, quienes remitieron un comunicado atacando las formas de su compañero. Acusaron a Gómez Benítez de haber metido al Consejo en «esta guerra» tras acudir a la Fiscalía a sabiendas de que no había delito, le recordaron sus menciones a las «corruptelas» del organismo y su denuncia de que los vocales habían sido «cooperadores necesarios» del presidente.

Por todo ello le pidieron al vocal denunciante que se fuera, aunque este lo rechazó, y después reiteraron su confianza plena en Dívar, ya que «para lo bueno y para lo malo es (presidente) todos los días del año».

Plan de transparencia

Después intervino el vocal Manuel Almenar, hombre fuerte del bloque conservador, pero que no firmó la dimisión de Gómez Benítez. Lo hizo para proponer junto a otros nueve consejeros la elaboración de un plan de transparencia que delimite de forma exhaustiva «el régimen de fiscalización de todos los gastos que se realicen, con expresa justificación y correlativa motivación». Sin embargo, tanto Dívar como otros vocales se opusieron.

Y en último lugar llegaron las opiniones de los críticos con el presidente. Los cuatro vocales que firmaron un escrito posterior a la reunión en el que pidieron a Dívar que asumiera «responsabilidades políticas» por sus gastos secretos y dimitiera. «Ha vulnerado las exigencias del ejercicio de transparencia y austeridad, que son especialmente exigibles a quien ostenta la representación del Poder Judicial. Además, no ha pedido disculpas públicas hasta la fecha», criticaron.

Se trata de un duro escrito, encabezado por Robles, que deja bien claro que la peor crisis institucional del Consejo se ha cerrado en falso, con la confianza al presidente quebrada y la imagen del Poder Judicial por los suelos, según reconocen fuentes de la institución. Y en el horizonte aún queda un año y medio de mandato del actual Consejo.