Alaya confirma las fianzas de 4,7 millones a los imputados por los ERE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, confirmó ayer las fianzas impuestas a los primeros imputados que ya prestaron declaración judicial en el presente procedimiento, apuntaron fuentes del caso. El pasado mes de diciembre, la magistrada impuso fianzas de 4.797.561 euros a 16 imputados en el caso, aunque alguno de ellos, como el exalcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, recurrió ante la Audiencia Provincial y no ante la jueza, que no ha decidido sobre el particular.

En varios autos notificados ayer, la magistrada rechazó los recursos de reforma presentados por la mayoría de los imputados y confirmó las fianzas impuestas a todos ellos. Entre estas fianzas, destaca la de 1.990.689,36 euros impuesta a Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande, pues la jueza ya dijo que por su condición de empresaria tiene «un mayor grado de responsabilidad».

En un auto dictado el 30 de noviembre, la magistrada argumentó que en el presente caso «resulta evidente que las medidas cautelares que se adopten tienen una decidida finalidad: la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta y con la intermediación de muy distintos personajes que tienen encaje en diversas categorías, y todo ello para favorecer a amigos, familiares y en definitiva círculos próximos del PSOE».