Malestar en la banca porque los nuevos exámenes prolongarán las dudas

La banca no ve claro que para combatir la escalada de la prima de riesgo, estrechamente relacionada ahora con la desconfianza en la banca española, el Gobierno haya decidido poner más «luz y taquígrafos» sobre la situación con dos iniciativas que van a mantener al sector bajo los focos de los especuladores durante varios meses. Con toda urgencia, el Ministerio de Economía y el Banco de España han seleccionado a la norteamericana Oliver Wyman y a la alemana Roland Berger como las dos consultoras externas que han de realizar, a contrarreloj, un diagnóstico global que han de presentar antes de treinta días.

Pero vendrá después -y esa es la sorpresa- un análisis pormenorizado de los balances de todas las entidades, previo análisis de la calidad de los procedimientos utilizados en la evaluación de los activos y la estimación de las provisiones. Se trata de contrastar en cada banco la validez de las estimaciones que realiza sobre sus pérdidas esperadas por el deterioro de activos. De esta segunda tarea se harán cargo tres firmas auditoras, pendientes de contratar antes de que termine mayo, si bien Oliver Wyman y Roland Bergen podrían repetir. Las dudas no se despejarán en el corto plazo. Y está por ver si otra prueba de resistencia sirve para restaurar la confianza.

Medios financieros solo acertaron a medias en sus apuestas sobre los elegidos, porque la gestora de inversiones Black Rock, que se mencionó inicialmente, ha quedado descolgada. Oliver Wyman y Roland Berger van a tener que esforzarse para presentar en la segunda quincena de junio su evaluación de la situación de la banca española, basándose en la realización de nuevas pruebas de resistencia ante escenarios adversos. Llueve sobre mojado, pues todavía no hace un año desde los últimos test de estrés que realizó la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y esta institución ha renunciado a repetir la experiencia en el actual ejercicio. No se puede hablar de que en sus anteriores ediciones cosechara éxitos, y basta recordar que la banca irlandesa superó con nota el test... y tiempo después incurrió en quiebras generalizadas.

En cuanto a la segunda parte del plan de transparencia, sus trabajos llevarán más tiempo y los resultados no se conocerán hasta «los próximos meses», es decir, después del verano. Para coordinarlos se ha creado un comité presidido por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, que tendrá como vicepresidente al subgobernador del Banco de España.

Confrontación

Los bancos se someterán a las nuevas exigencias informativas, pero no ocultan su malestar. Piensan que la confrontación del Ejecutivo con el gobernador del Banco de España ha impulsado estas auditorias externas. ¿Qué ocurrirá si las valoradoras discrepan en sus análisis? ¿Y si destapan unas necesidades muy elevadas de recursos, que habría que sumar a los procesos ya en marcha de recapitalización y aumento de las provisiones? ¿De dónde saldrían los nuevos fondos?, se preguntan las entidades.

Mientras las entidades se preparan, la agencia de calificación Fitch ya ha anticipado que el examen aflorará morosidad oculta, debido a que los créditos se considerarán con mayor rigor, y aflorarán mayores riesgos de impago. La firma recuerda que esto es lo que ha sucedido con unas cuantas cajas de ahorro tras la entrada en su capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -la morosidad de la CAM subió el 149% y un 103% la de Catalunya Caixa- y cree que ocurrirá algo parecido con la recién nacionalizada Bankia, y también con las evaluaciones independientes.

El ministro de Economía se declaró «bastante tranquilo» ante el resultado de las valoraciones. Quiso despejar de raíz las sospechas que ya se extienden entre inversores y analistas sobre la calidad de otros créditos concedidos por la banca española, concretamente los hipotecarios a particulares y los que obtienen las pymes. «En España las hipotecas se pagan», declaró, rotundo. Recordó que los bajos tipos de interés han reducido el esfuerzo familiar, lo que explica en parte que con tasas de paro del 23% la morosidad de los compradores de vivienda no llegue al 3%, y consideró que el principal impacto ya se habría producido, porque los años de mayor destrucción de empleo fueron 2009 y 2010. De las pymes dijo que han recibido «un soplo de aire» con los 30.000 millones del pago de las administraciones a sus proveedores.