El juez da carpetazo a la primera investigación sobre ETA y las FARC

La investigación sobre los supuestos adiestramientos conjuntos de ETA y las FARC en la selva venezolana ha recibido un duro varapalo judicial. El juez Pablo Ruz ha dado carpetazo al sumario primigenio sobre los supuestos contactos en España de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se trata de la causa judicial que estaba en la génesis de la macro investigación abierta poco después por su colega de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, para aclarar los supuestos cursillos de etarras con los guerrilleros colombianos con la presunta aquiescencia del Ejecutivo de Hugo Chávez.

El problema para Velasco y su sumario es que uno de los vértices de su investigación, un ordenador cargado de mails sobre los contactos entre ETA y las FARC, ha sido declarado prueba ilegal por su compañero y, en breve, la Sala de lo Penal, salvo sorpresa mayúscula, ratificará la decisión de Pablo Ruz.

El juez Ruz, en un auto firmado el pasado 7 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, acuerda declarar «conclusa» la investigación que abriera en julio de 2008 su predecesor en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para aclarar los supuestos movimientos de las FARC en España y viajes de españoles a los campamentos de la guerrilla.

Ruz explica que el motivo de cerrar de golpe este sumario 7/2011 es que considera que todo ello está contaminado por la prueba de cargo que dio origen a esa investigación y, cuatro meses después, en noviembre de 2008, a la de Velasco: los supuestos y polémicos mails encontrados en tres ordenadores, dos discos externos y tres dispositivos USB incautados por el ejército colombiano a Luis Edgar Devia Silva, más conocido como 'Raúl Reyes', durante la operación en suelo ecuatoriano del 1 de marzo de 2008 en la que murió el líder de las FARC. Unos correos electrónicos que fueron la primera pista de los presuntos contactos entre ETA y la guerrilla colombiana, una relación sobre la que hasta entonces no había ninguna prueba.

El instructor, siguiendo el criterio del fiscal Pedro Martínez Torrijos, considera que sería ilegal admitir estos correos electrónicos como prueba después de que la Sala de Casación de la Corte Suprema colombiana en mayo del pasado año declarara que los mails habían sido obtenidos violando las propias normas jurídicas colombianas, pues lejos de haber llegado a ellos a través del convenio de asistencia jurídica entre los gobiernos de Bogotá y Quito, el Ejército colombiano se había hecho con el contenido de las computadoras en una operación en suelo extranjero. Todo ello al margen de que se rompió la cadena de custodia y de que persisten las dudas de que los soldados manipularan esos ordenadores, una espinosa cuestión en la que no entró la Corte Suprema.

«Violación de la norma»

Ruz, a la vista de la decisión de la justicia colombiana, es tajante: «Entendiendo que el material probatorio indicado [los ordenadores] fue obtenido con violación de la norma procesal colombiana, de modo que, conforme reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, éste no puede ser admitido en derecho por vulneración de garantías constitucionales de nuestro ordenamiento ni generar efecto alguno en este procedimiento».

El juez remitió este auto a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del tribunal de la calle Génova. Todas las fuentes judiciales consultadas dan por descontado que la Audiencia Nacional confirmará la decisión de Ruz. Y ahí comenzarán los problemas para Velasco, que -según admiten estas mismas fuentes- podría ver peligrar buena parte de su macroinvestigación sobre ETA en Venezuela por la denominada teoría jurídica del 'fruto del árbol envenenado': aunque ni mucho menos todo el sumario de Velasco viene de los mails de 'Reyes', sí que es cierto que estos correos son la base de la querella que en noviembre de 2008 presentó el fiscal Vicente González Mota y que dio origen a la investigación, que luego derivó en la imputación de varios etarras, entre ellos el supuesto jefe de la banda en Venezuela, Arturo Cubillas.

En esos mails se desvelaron los supuestos planes de las FARC de intentar matar en España, con la ayuda de ETA, al ya entonces expresidente colombiano Andrés Pastrana o la exembajadora en Madrid Noemí Sanín. Siempre según esos cuestionados correos, representantes de ETA aseguraron a la dirección de la guerrilla estar dispuestos a cobrar en España el «impuesto revolucionario» a empresarios cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe.