ESPAÑA

Interior prohíbe las «redadas indiscriminadas» de inmigrantes

Ordena poner fin a los «cupos de identificaciones» y a las «actuaciones» basadas en «criterios étnicos»

MADRID. Actualizado: Guardar
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Dos años después y tras las numerosas denuncias de ONGs y del Defensor del Pueblo, la Policía prohíbe las «redadas indiscriminadas» y los «cupos de detenciones» de inmigrantes.

Según informó el Ministerio del Interior, hoy la Policía publicará una nueva circular que sustituirá a las polémicas instrucciones «secretas» de enero de 2010, en las que el departamento entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ordenaba que los expedientes de expulsión de los inmigrantes se tramitaran «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible», amén de instar a practicar siempre «detenciones preventivas» de cualquier extranjero que no llevara encima su documentación, al margen de si se encontraba o no en condición irregular en España.

«La circular pretende eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades», señaló el departamento que dirige Jorge Fernández. Según Interior, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, «ha decidido oficializar en esta circular las instrucciones que el comisario general de Extranjería y Fronteras ya transmitió en relación con la prohibición de establecer cupos de identificación de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas en criterios étnicos».

«El objetivo es difundir estas instrucciones de forma más clara y directa para evitar cualquier interpretación imprecisa», apostilló el ministerio.

La circular especifica que las identificaciones de «personas que infundan sospechas» se realizarán de forma «proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo». Estas instrucciones hacen hincapié en «la prohibición de actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades» de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, se resalta la «improcedencia» de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, siempre que los inmigrantes logren «justificar» que tiene un domicilio.