GOLPE A LA CREDIBILIDAD DE ESPAÑA

Mariano Rajoy, obsesionado con recuperar la confianza exterior en España, ha sacrificado sin titubear alguna de sus promesas electorales, como la de no subir el IRPF o la de salvar de los ajustes a Educación y Sanidad, para caminar con paso firme hacia su particular nirvana económico: el déficit cero. El presidente del Gobierno lleva cuatro meses aplicando con fruición todo tipo de ajustes y exigiendo máxima austeridad a las administraciones central, autonómica y local para mandar un mensaje muy concreto a la Unión Europea: España volvía a tener un Gobierno «serio» y un presidente que, como él mismo se comprometió durante el debate de investidura, iba a «decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan, y al vino, vino».

Una puesta en escena que gusta a pesos pesados continentales como los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy y José Manuel Durao Barroso, respectivamente, o la canciller alemana Angela Merkel. Todos insisten, al menos en público, en que Rajoy está llevando a España por el buen camino. Sin embargo, en tiempos de turbulencias financieras tan graves como las actuales la credibilidad se examina casi cada día. Y España ofreció el viernes señales muy contradictorias: mientras la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría calificaba de verdadero «pacto de Estado» el acuerdo sellado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para cumplir con el objetivo de reducir el déficit autonómico al 1,5% del PIB este año, el Ministerio de Hacienda anunciaba de improviso que en Madrid y Valencia, y en menor medida en Castilla y León y Andalucía, había aflorado un déficit oculto global de unos cuatro mil millones de euros. Esto supone que los números rojos del conjunto del Estado en 2011 no iban a ser el 6% del PIB, tal y como aseguró el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ni el 8% que desveló Mariano Rajoy nada más llegar a la Moncloa, pero tampoco el «definitivo» 8,5% que el actual Gobierno comunicó a la Comisión Europea el pasado abril, sino el 8,9%.

Bruselas ha reaccionado de manera inmediata ante el tercer cambio de cifras en apenas cuatro meses. Eurostat, la oficina estadística de la UE, enviará la semana que viene una misión de expertos a Madrid para «aclarar sin demora» esta nueva revisión al alza del déficit en nuestro país, es decir, que España ha retrocedido una casilla en el tablero de la confianza internacional.

Un portavoz de la Comisión Europea ha indicado que Eurostat pretende concretar si el ajuste en las comunidades autónomas puede considerarse «exhaustivo».

Una vez más, y son demasiadas para el poco tiempo de mandato transcurrido, nadie del Gobierno ha salido a explicar los pormenores de esta peculiar modificación, que puede tener una influencia negativa en la prima de riesgo. Y oportunidades las hubo, y muy claras.

Ley de punto final

La principal, la rueda de prensa que ofreció Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. Con Rajoy rumbo a Chicago, donde participará en la XXV Cumbre de la OTAN, la vicepresidenta era la cabeza visible del Ejecutivo.

Ayer tuvo una nueva ocasión de aclarar este desfase de los balances regionales de dos de los estandartes autonómicos del PP (Madrid y Valencia) durante un acto de partido en Ávila, pero no lo hizo. Ponderó, por encima de cualquier otra consideración, la importancia de que, a partir de ahora «se pone el contador a cero, sale todo lo que hay, se asume el compromiso de que nunca más habrá déficit oculto, es más, no va a haber por encima del permitido».

El ministro de Economía, Luis de Guindos, también parece compartir con la vicepresidenta la necesidad de pasar página mediante una especie de 'ley de punto final' para las comunidades que han abusado y ocultado sus agujeros contables. De Guindos, que participó en la clausura del congreso regional del PP de Canarias, comentó que el ajuste de 18.349 millones de euros aprobados en el CPFF es tan importante «que compensa de forma clara las posibles desviaciones, que son de tres o cuatro décimas».

Desde la Comunidad de Madrid, que dobla el déficit inicialmente declarado al pasar del 1,13% al 2,23%, también se intenta quitar hierro al asunto. El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseveró que el Gobierno de Esperanza Aguirre informó «inmediatamente» al Ministerio de Hacienda tan pronto como tuvo su cifra definitiva de déficit y comprobó que era superior a la estimada provisionalmente. Lo malo es que no especificó en qué fecha informó al departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El 'maquillaje' contable de Madrid y Valencia tiene también consecuencias políticas. La principal, que el Gobierno y el PP tendrán que dejar de emplear el recurso de acusar a Zapatero de «engañar» a Rajoy en el traspaso de poderes al «ocultarle» la desviación de 2,5 puntos porcentuales en el déficit.

Culpar a Zapatero

Será una pérdida importante para el argumentario popular, porque tanto el presidente como sus ministros han recurrido más de una vez a esta tesis para justificar los severos planes de ajuste acometidos desde diciembre, en especial el recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación, que incluye el copago farmacéutico y el aumento de las tasas universitarias, entre otras medidas. Rajoy, desde que asumió la presidencia, ha pasado de apostillar que no se quejaría de la herencia recibida de Zapatero a hacerlo con vehemencia y, finalmente, a afirmar durante un debate parlamentario que nunca se había quejado de la herencia recibida sino del «engaño».

Ahora, y hasta que alguien demuestre lo contrario, ha quedado constatado que dos estandartes autonómicos del PP como Madrid y Valencia no contaron toda la verdad a Hacienda sobre su déficit público. Los populares, de momento, no dan su brazo a torcer y mantienen prietas las filas. El vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, por ejemplo, insistió en achacar los errores de los consejeros de Hacienda de Madrid a Zapatero porque mientras fue presidente «no controló» el presupuesto de las comunidades autónomas durante su Gobierno, lo que «obligaba» a muchas de ellas a «recurrir a métodos poco corrientes» para su financiación por la«dejación» del Ejecutivo.