Fomento baraja liberalizar todas las áreas de gestión del ferrocarril

Hace tres semanas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió la caja de los truenos al anunciar que en esa misma semana el Consejo de Ministros aprobaría la liberalización de determinados servicios. Pero tal proyecto no fue ni ese viernes ni los siguientes a la mesa del Consejo. La liberalización del transporte y la introducción de competencia privada no está resultando nada fácil de definir, debido a la complejidad y los intereses que se cruzan.

En el caso del transporte ferroviario, Fomento estudia una propuesta para liberalizar todas las áreas de gestión, desde viajeros hasta talleres o material rodante, según fuentes de la Administración. La introducción de competencia privada -que no significa privatizar- en el transporte de viajeros puede hacerse por dos sistemas: sacar a concurso una franquicia de una línea, por ejemplo Madrid-Barcelona; o simplemente trayectos a determinadas horas, lo que en el argot ferroviario se conoce como 'surcos'. En este último caso, varias empresas podrían operar en una misma línea, pero en distintos horarios. Este es el modelo que existe en Francia, Alemania e Italia, entre otros países, y es el que se siguió al liberalizar el transporte de mercancías en España en el año 2005. Pero el resultado no cumplió las expectativas. Aunque hay más de una docena de empresas que están autorizadas para el transporte ferroviario de mercancías, la cuota de mercado del tren no supera el 3%, el resto sigue viajando en camiones. Por eso, también se plantea reformar el procedimiento para revitalizar una competencia que no ha funcionado.

Las empresas que pudieran entrar a competir tanto en pasajeros como en mercancías tienen una barrera de entrada muy difícil de saltar: el alto coste del material rodante. Por poner un ejemplo, una 'locomotora' de mercancías no baja de los tres millones y cada plataforma para enganchar, alrededor de 150.000 euros. Por eso, desde el sector se ha formulado la posibilidad de que se liberalicen también las áreas de talleres y material rodante de Renfe, más con la idea de que esas divisiones de la empresa pública presten servicios a terceros y alquilen los vagones y máquinas a empresas privadas. Tampoco es nueva esta idea; en Gran Bretaña lo hacen, aunque son tres empresas privadas las que alquilan.

La puesta en marcha de la liberalización del transporte ferroviario recaerá en Adif, el gestor público de infraestructuras, puesto que de él dependen las vías del tren y las estaciones. La compañía que operara pagaría un canon -como ahora hace Renfe- a Adif, cuya deuda acumulada alcanza los 14.600 millones.

Nadie piensa en privatizar las infraestructuras, la experiencia de Reino Unido lo desaconseja: acabó teniendo que renacionalizarlas porque la empresa que se quedó con las vías del tren no invirtió lo suficiente en su mantenimiento y aumentaron los accidentes. Tampoco puede darse el mismo trato al transporte de cercanías y media distancia (que la UE permite subvencionar por considerarlos de interés público) que al de larga distancia y alta velocidad. Es aquí donde se centra el interés de las privadas. Fomento asegura que pronto tendrán respuesta.