Educación despide a dos técnicos del ISE al investigar el desvío de dinero para obras

De forma discreta, sin hacer ruido para que no trascendiera a la opinión pública, el ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Consejería de Educación, despidió en enero a dos técnicos adscritos a la gerencia provincial de Cádiz en el marco de una investigación interna que abrió este organismo a raíz de la denuncia de la Fiscalía por supuesta malversación de 3,6 millones de euros del presupuesto para obras en colegios. Los dos funcionarios tenían encomendadas tareas relacionadas con los contratos bajo sospecha y en enero, dos meses antes de las elecciones autonómicas, recibieron la carta de despido disciplinario.

Este movimiento interno le da fuerza a las sospechas que el Ministerio Público y la Agencia Tributaria hicieron llegar al juzgado sobre la ejecución de reformas en centros educativos en el periodo comprendido entre 2006 y 2008. Según un informe realizado por una arquitecta del fisco existe un importante desfase entre lo que se contrató y se pagó y lo que realmente se ejecutó en los colegios. En la denuncia que se hizo pública en las páginas de este medio el pasado mes de junio, la Fiscalía estimaba que el ISE de Cádiz había contratado obras por valor de 3.647.161 euros, pero no se había ejecutado ni el 20% de los trabajos. El Ministerio Público sustentaba su denuncia en la tasación previa que había realizado la Agencia Tributaria, que visitó por sorpresa más de una decena de colegios de la provincia.

Los dos técnicos que han salido del ISE eran el administrador de la Oficina Técnica y mano derecha del exgerente Fernando Ameyugo - imputado en la causa- y un ingeniero técnico especialista en electricidad que hacía el seguimiento de las obras para incorporar las nuevas tecnologías (TIC) en los centros. La Fiscalía, al conocer la medida que se había adoptado con ellos, ha solicitado al juez instructor (nº 2 de Cádiz) que los interrogue en calidad de imputados. Esa petición aún no ha sido respondida; mientras, los funcionarios despedidos no se han quedado quietos. Le reclaman a la Administración la improcedencia de la medida y, por tanto, un derecho a indemnización. En este mes está previsto que un juzgado de lo Social de Cádiz y otro de Jerez celebren las vistas donde se diriman sendos pleitos laborales.

Estas dos salidas se suman a la del exgerente provincial, que ya tuvo que declarar como imputado ante el juez. Cuando estalló el escándalo, la delegada provincial, Blanca Alcántara, aseguró que la destitución de Fernando Ameyugo se debió a discrepancias con su gestión, pero desvinculó esa decisión de la imputación judicial que pesaba ya sobre él.

Ameyugo aterrizó en el ISE de Cádiz en 2009 , pero su carrera en el ente público de Educación finalizó de forma abrupta en octubre de 2010, tan solo tres meses después de que la Agencia Tributaria comenzara a reclamarle información sobre los contratos que había firmado con una sociedad, con sede social en Rota.

Esta empresa es el germen del caso. Una inspección rutinaria del fisco en el volumen de facturación detectó las primeras anomalías. La Agencia Tributaria comprobó que Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. obtuvo en el periodo que se investiga (2006-2008) contratos por valor de 3,6 millones de euros. Unos trabajos que siempre les fueron adjudicados por el procedimiento de la vía urgente, que elude la convocatoria de concurso y permite a la Administración asignar a dedo. Todos esos proyectos le fueron concedidos por el exgerente provincial del ISE.

El fisco analizó al detalle la sociedad y verificó que no tenía ni medios ni personal para llevar a cabo el mantenimiento de 24 centros educativos. Para ejecutar las tareas, las subcontrataba con otras empresas sin informar, como es preceptivo, al cliente, en este caso el ISE. Fue en este punto de la investigación cuando el fisco se topó con una red de 18 'empresas factureras' que se dedican a emitir facturas sin realizar trabajo alguno.