Piden 3,5 millones de fianza a la expresidenta de ACYCO por el caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto Monge, expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO), que se negó a declarar ante la jueza que investiga los ERE fraudulentos. Fuentes del caso informaron de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación, al ser incluida en el ERE de su empresa pese a que siguió trabajando como presidenta y por haber consentido la inclusión de dos intrusos.

La empresaria se remitió a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló como directora de ACYCO y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa y puso como condición que ella siguiera de presidente.

Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley. Poto también negó la acusación de la jueza Mercedes Alaya de haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirmó que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según dijo su abogado, Javier Gimeno Puche.

No se solicita prisión

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción, el letrado de la Junta y la acusación particular del PP solicitaron una fianza de 3,5 millones de euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades civiles y ninguna de las partes pidió prisión, como sí hicieron con los imputados ya encarcelados, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Poto está acusada de haber permitido la inclusión en la póliza de ACYCO de dos «intrusos» que nunca trabajaron en la empresa: Andrés Carrasco, que era amigo de Francisco Javier Guerrero y vecino de El Pedroso, que percibió 120.201 euros, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto, que obtuvo 104.885 euros.

La jueza también tomó declaración a Gabriel Barrero, abogado y exresponsable de Recursos Humanos de esta empresa radicada en Dos Hermanas, que aportó un fax enviado al bufete Garrigues en 2003, el mismo día de la firma del ERE, en el que marcó con la expresión «No son ACYCO « los nombres de los dos «intrusos» que le imputa la juez.