La UE avala el despido de un sacerdote casado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado la no renovación como profesor de Religión en el año 1997 del cura de Cieza (Murcia) casado y padre de cinco hijos, José Antonio Fernández Martínez, ya que entiende que no viola los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El cura, que interpuso su demanda el 11 de diciembre de 2007, fue ordenado sacerdote en 1961 y 23 años después presentó su dispensa de celibato al Vaticano. Un año después, se casó por lo civil y, desde 1991, su contrato como profesor de religión en una escuela pública de secundaria en Murcia, se renovó cada año por el obispo.

En 1996, 'La Verdad' publicó un artículo sobre el movimiento en favor del celibato opcional del que Fernández era miembro y en el que aparecía una fotografía del sacerdote. Un año después, el Obispado de Cartagena informó al Ministerio de Educación de su intención de no renovar el contrato para el curso 1997-1998. Ante esta situación, el demandante apeló al Tribunal de Murcia, que examinó los argumentos ofrecidos por el Obispado y que encontró que Fernández fue discriminado por su estado civil y su pertenencia al movimiento.

Las autoridades educativas y el obispado recurrieron y el Tribunal Supremo indicó que era el rol del obispo asegurar que los aspirantes lleven a cabo sus deberes con discreción. Finalmente, Fernández presentó la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo en la que alega que dos de los jueces del Tribunal Constitucional carecían de imparcialidad porque eran católicos. En la sentencia, se da la razón a la Conferencia Episcopal Española, que entiende que los criterios de aptitud para este puesto son «de carácter religioso y confesional».