El 'caso Urdangarin' se cobra sus dos primeras víctimas políticas en Valencia

Los negocios de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Valencia, donde recibieron 3,4 millones en contratos públicos, se llevó ayer por delante a sus primeras víctimas políticas: Jorge Vela, director del Instituto Valenciano de Finanzas, y Luis Lobón, secretario de Turismo. Ambos están imputados en el 'caso Nóos' por las presuntas irregularidades en los contratos firmados con el yerno del Rey para sufragar el congreso 'Valencia Summit' en 2004, 2005 y 2006.

Las dimisiones en la Generalitat valenciana llegaron después de que el juez de Palma, José Castro, interrogara el lunes en Valencia a 16 testigos por los contratos del 'Valencia Summit', el foro de turismo y deportes organizado por el Instituto Nóos, y por el que Urdangarin y Torres recibieron 3,1 millones.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, investiga desde hace meses las irregularidades en la adjudicación del congreso por parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), entidad dependiente de la Generalitat. En diciembre pasado, la policía judicial registró las oficinas de Cacsa y de aquellas pesquisas derivaron las primeras imputaciones del 'caso Nóos' en Valencia. El juez encontró indicios de delito en las conductas de José Manuel Aguilar, director de Cacsa entre 2002 y 2005; su sucesor, Jorge Vela, que estuvo al frente de la Ciudad de las Artes entre 2005 y 2009; el exdirector de comunicación Miguel Zorío; y la responsable de gestión, Elisa Maldonado.

La imputación de Vela en diciembre pasado comprometió su nueva situación al frente del Instituto Valenciano de Finanzas, organismo dependiente de la Consejería de Economía, y dejó en mal lugar a su hermano, José Manuel Vela, actual consejero de Hacienda. Sin embargo, el acusado se aferró al cargo hasta este lunes, cuando el fiscal amplió las responsabilidades penales a la que fue su 'número dos' en Cacsa, María de los Ángeles Mallent.

La imputación de la jefa de los servicios jurídicos dejó al descubierto que Cacsa sufragó el 'Valencia Summit' sin los pertinentes informes de contratación, ni el de utilidad pública ni el de procedimiento. Es decir, pasó por alto el reglamento para entregar 1,5 millones a Urdangarin y Torres. La otra mitad la puso Valencia Convention Bureau, la empresa del ayuntamiento valenciano que cerró con 'Nóos' la organización del congreso.

La otra razón de la dimisión de Vela se llama Luis Lobón. El secretario de Turismo de la Generalitat valenciana acudió el lunes a declarar como testigo y salió como imputado. Y es que Vela, que fue interrogado el 13 de abril en Palma, puso en la pista al juez al señalar que la orden de prorrogar el contrato con Nóos se la dio el propio Lobón.

Vela aseguró que el secretario de Turismo le dijo que volviera a contratar a la entidad que presidía Urdangarin en 2005 y 2006 con las mismas condiciones que en la primera edición de 2004.

Oficialmente, Vela y Lobón dimitieron para preparar su defensa, pero detrás subyace el perjuicio que sus imputaciones causaba en las Consejerías de Economía y Turismo. La responsable de este área en la Generalitat, Dolores Johnson, pidió ayer respeto a la presunción de inocencia de Lobón y agradeció «su dedicación de muchos años al frente de proyectos para hacer crecer a la Comunidad Valenciana».

Inflexión

Las dimisiones suponen un punto de inflexión en la forma de actuar del Gobierno valenciano. Durante la gestión de Francisco Camps, los numerosos imputados en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, entre ellos él mismo, se aferraron a sus cargos hasta el último momento.

Con la llegada de Alberto Fabra a la Presidencia de la Generalitat, en julio pasado y una vez que dimitió Camps, anunció un cambio de rumbo en la política con los imputados en causas penales. Fabra dejó claro que sería implacable con los cargos imputados por corrupción y así lo recordó ayer: «En esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad».