Los contratos con Urdangarin remueven la corrupción de la Generalitat de Camps

El juez que investiga a Iñaki Urdangarin por el 'caso Nóos', José Castro, volvió a poner ayer en el punto de mira los millonarios contratos firmados por el yerno del Rey con la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Rita Barberá, por los que este y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, se llevaron más de 3,4 millones de euros en tres años, uno de sus grandes pelotazos.

El magistrado centra sus pesquisas en las adjudicaciones concedidas a Urdangarin por la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), dependiente del Gobierno autonómico, entonces presidido por Francisco Camps. Cacsa fue el organismo público encargado de sufragar la organización del foro internacional de turismo y deporte Valencia Summit, en 2004, 2005 y 2006, junto a la Fundación Turismo de Valencia, perteneciente al consistorio local.

El juez Castro y el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach, se desplazaron ayer de Mallorca a Valencia para interrogar a 16 testigos en relación con el patrocinio y organización de Valencia Summit. Entre ellos, los empresarios Francisco y Fernando Roig, máximo mandatario del Villarreal Club de Fútbol, los expresidentes del Valencia Juan Bautista Soler y Vicente Soriano, o el vicealcade de la ciudad, Alfonso Grau.

De los testigos, los peor parados fueron María de los Ángeles Mallent Añón, exjefa de los servicios jurídicos de Cacsa, y Lluis Lobón, actual secretario autonómico de Turismo. Tanto el fiscal como algunas de las partes personadas pidieron al juez la acusación formal de ambos. En el caso de Mallent, por no realizar los informes pertinentes sobre la contratación con el Instituto Nóos, ni el escrito a cerca de la utilidad pública de la adjudicación ni el de procedimiento, y a Lobón por supuestas irregularidades en los contratos, según fuentes jurídicas.

Por ello, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma accedió a la petición e imputó a ambos por un delito de prevaricación. La exalto cargo de la Generalitat y el secretario autonómico de Turismo pasan así a engrosar la larga lista de imputados, que, además de Urdangarin, Torres o el expresidente balear Jaume Matas, alcanza ya a más de una veintena de personas.

Canon anual

El hilo de estas nuevas imputaciones proviene del que era director de Cacsa entre 2005 y 2009, Jorge Vela, al que el juez Castro acusó formalmente en diciembre pasado junto a su antecesor en el cargo, José Manuel Aguilar, que estuvo al frente entre 2002 y 2005.

Ambos funcionarios fueron los responsables directos de los acuerdos de Cacsa con el marido de la infanta, por el que Nóos se llevó 3,1 millones de euros, pues garantizaron a la fundación 'sin ánimo de lucro' un «canon» anual de 1,04 millones -900.000 euros más IVA- por las tres ediciones de Valencia Summit, según Anticorrupción. El resto del dinero entregado a Nóos por la Generalitat, 382.203 euros, provino del convenio firmado en 2005 para promocionar los Juegos Europeos en Valencia, un evento que al final no se celebró. El contrato fue firmado por el entonces consejero de relaciones institucionales, el dirigente popular Esteban González Pons.

El objetivo de los interrogatorios del juez Castro y del fiscal Horrach era corroborar la autenticidad de los contratos del Valencia Summit e indagar los patrocinios aportados por diferentes entidades, Valencia y Villarreal Club de Fútbol o Aguas de Valencia, y empresarios como Fernando Roig (690.000 euros) y su hermano Francisco( 290.000), entre otros.

Precisamente, los hermanos Roig ratificaron ante el juez que aportaron dinero a los foros de Nóos porque estaba Iñaki Urdangarin, pero negaron cualquier presión de la Generalitat para apoyar el Valencia Summit.

Uno de los testigos más descriptivos fue el abogado Mariano Ayuso. «Que estuviera Urdangarin era garantía de éxito para los patrocinadores», comentó antes de entrar a declarar. Ayuso recordó que en el foro organizado por Urdangarin aportaron «casi todas» las principales empresas de Valencia, de automóviles, hoteleras, etc.

El juez, además, no solo investiga el «tratamiento fiscal» que le dieron el duque de Palma y su socio Diego Torres a los 3,4 millones recibidos de las instituciones valencianas. Sostiene que hubo connivencia de los responsables de Cacsa para adjudicar los contratos, de ahí las cinco imputaciones de responsables de la entidad pública, y ha pedido, como novedad, los informes contables de los beneficios de las entradas que se vendieron en el congreso Valencia Summit.