Las exigencias del Gobierno llevan a replantear las fusiones bancarias

Las exigencias del Gobierno para que las entidades provisionen el crédito sano a promotores de la construcción constituyen un elemento de reflexión de cara a las fusiones todavía por fraguar, opinan fuentes del sector. Según datos proporcionados por las entidades, las mayores cantidades corresponden, en términos brutos -es decir, antes de impuestos- a BFA-Bankia (4.813 millones) y Santander (2.700 millones). Al segundo puesto podría alzarse CaixaBank (aislada, precisa 2.102 millones) si se le suma Banca Cívica (1.287 millones) a quien se propone integrar. Popular, incluido Banco Pastor, necesitará 2.314 millones, y el BBVA, una vez añadido Unnim, habrá de provisionar 1.848 millones.

Santander y BBVA generan beneficios suficientes para cubrir este año las exigencias netas, y el primero ya ha anunciado que venderá con plusvalías algún activo como su filial colombiana. Caixabank cuenta con sus ganancias y con los ajustes de fusión. También Popular confía en su generación de resultados.

El problema se planteará con cajas y grupos de cajas de mediano tamaño. De ahí la urgencia que el Gobierno tiene para que se produzcan nuevas integraciones que den lugar a bancos más grandes.

Pero las cifras de las nuevas provisiones inducen a replantearse los impactos en nuevos procesos de integración. Es el caso de las que tienen como protagonistas a cuatro grupos de cajas de ahorro que aglutinan, a su vez, a decena y media de entidades: Unicaja, Caja Jaén, Caja España, Caja Duero, Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada, Sa Nostra, Ibercaja, CAI, Caja Círculo, Caja Badajoz Cajastur-CCM, Caja Extremadura y Caja Cantabria. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, había instado, días atrás, a Liberbank, BMN, Ibercaja y Unicaja-CEISS a explorar las posibilidades de una fusión global o, al menos, de dos en dos.

Una nueva cita estaba prevista para este lunes; en ella se pensaba abordar la repercusión de las provisiones que ahora se han impuesto. Esta convocatoria se ha aplazado. Estos grupos de cajas medianas van a tener que detraer de sus cuentas de resultados un total de 6.700 millones de euros, sumadas las provisiones correspondientes al ladrillo problemático que aún no han llevado a cabo, y las del crédito promotor sano que ahora se les impone. Restar una cantidad tan abultada llevaría a pérdidas a las entidades y, si el capital básico o los recursos propios cayeran por debajo de los niveles exigidos, habrían de pedir prestado dinero adicional al FROB.

Como la situación de los distintos bancos de cajas es muy diferente, y los procesos de integración no están ni mucho menos concluidos, una megafusión tendrá enorme complejidad. La entidad resultante, con 270.000 millones de activos, alcanzaría la consideración de sistémica -es decir, con potencial para contagiar y arrastrar en su caída a buena parte del sistema financiero-, lo que supondría no tanto mayor capacidad de resistencia como unas exigencias más elevadas de solvencia en el entorno internacional. Fuentes del sector llegan a equiparar un proceso de este tipo al que generó en su día la recién nacionalizada BFA-Bankia, resultante de la fusión de siete entidades de ahorro de condiciones dispares.

Tarea por hacer

El Gobierno ha prolongado el plazo hasta el 30 de junio para adoptar este tipo de decisiones. Mientras tanto, a la agencia de calificación Moody's le parece «positiva», pero no «definitiva» la nueva fase de reforma bancaria emprendida. En un informe emitido ayer, celebra las exigencias de saneamiento del crédito promotor 'sano', pero también advierte de la vulnerabilidad de muchos bancos españoles, afectados por la recesión en curso y su impacto en la economía real. Recuerda que la morosidad de las hipotecas de particulares y de los créditos al consumo seguirá creciendo por el aumento del paro, y que el frenazo económico afectará al reintegro de los préstamos por parte de las pymes. Ninguna de estas circunstancias está cubierta por el real decreto, comenta.

Prosigue, por otra parte, el proceso de nacionalización de Bankia. La comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aprobó ayer la petición del grupo BFA-Bankia, de convertir en capital los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes que el fondo inyectó a la entidad, mediante un préstamo al 8% de interés, al cierre del ejercicio 2010. El FROB atiende esa demanda ante la improbabilidad de que la entidad pueda hacer frente a la amortización o recompra de esas participaciones preferentes.