ESPAÑA

Rajoy avisa a las autonomías que no tolerará incumplimientos del déficit

El presidente aclara que está dispuesto a llegar hasta el final mientras Hacienda analiza una posible intervención de las cuentas de Asturias

MADRID. Actualizado: Guardar
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Mariano Rajoy lanzó ayer un claro aviso a navegantes porque no quiere que ningún gobierno autonómico se llame a engaño. El Ejecutivo que preside, dijo, está dispuesto a llegar hasta el final para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit que ha pactado con la UE y, en consecuencia, no le temblará la mano si es necesario aplicar los controles extraordinarios que prevé la novísima ley de Estabilidad Presupuestaria, incluida la intervención por el Estado de las cuentas de las autonomías incumplidoras.

Rajoy aseguró en Bilbao que España va a cumplir en 2012 con el déficit máximo del 5,3% del PIB pactado con Europa y que, para conseguirlo, hará todos los ajustes y reformas que sean necesarias, por impopulares que puedan resultar, e incluso a costa de vulnerar muchos de los aspectos de su programa electoral, como reconoció que ya ha hecho con las subidas de impuestos, la reforma financiera, el copago farmacéutico o los recortes en Educación, entre otros.

El presidente está empeñado en quitar la razón tanto a sus socios europeos como a los mercados, que ya dan por hecho que superará el objetivo de déficit marcado, y con ello recuperar la confianza en la política anticrisis española. Por ese motivo, aseguró que, le cueste lo que le cueste, «yo (cumpliré) el primero», pero «no estoy dispuesto a que nadie incumpla».

«Vamos a exigir a todas las comunidades autónomas, las grandes y las pequeñas, que cumplan» con el límite de déficit del 1,5%, la cuota que les corresponde en el reparto estatal. «Vamos a ayudarles, pero hago un llamamiento a todos los gestores y dirigentes, les digo que toca ser serios, que tendrán que cumplir, como cumplirá el Gobierno de España».

Primer aviso

La advertencia de Rajoy llega solo cuatro días antes de que el ministro de Hacienda se reúna con todos sus homólogos autonómicos, repasen uno por uno los planes de ajuste presupuestario de las comunidades y decidan cuáles puedan ser aprobados, por garantizar el cumplimiento del 1,5%, y cuáles deben reformularse en el plazo máximo de dos semanas si quieren evitar el resbaladizo camino que conduce a la intervención de sus cuentas.

De igual manera, el presidente tensó el discurso un día después de que el Ministerio de Hacienda anunciase que la Abogacía del Estado y la Intervención, por orden suya, ya estudian la posibilidad de estrenar las medidas coercitivas y de control contenidas en la ley de Estabilidad Presupuestaria con el Principado de Asturias, en previsión de que las aclaraciones sobre su plan económico para cumplir con el objetivo de déficit no convenza el jueves a los presentes en el Consejo de Política Económica y Financiera (CPEF).

La nota de Hacienda indicaba que, tras realizar un primer análisis de todos los planes, «preocupa especialmente» el de Asturias, porque, al tener desde primeros de año un Gobierno en funciones y no existir aún fecha segura para la constitución del nuevo Ejecutivo, no ven forma de comprometer los recortes presupuestarios imprescindibles con un mínimo de garantías.

La sesión de investidura en el Principado no está prevista hasta los días 22 y 23 de mayo, el presidente no se elegirá hasta el 25 si carece de mayoría absoluta, e incluso no es descartable la posibilidad de que el desacuerdo entre partidos aboque a unas nuevas elecciones.

El Ejecutivo asturiano en funciones negó verosimilitud a estos argumentos. Asegura haber presentado un plan que colocará el déficit en diciembre en el 0,99%, por encima de lo exigido, y atribuye al movimiento de Hacienda una intención partidista. El PSOE también duda que el jueves se amague con intervenciones de autonomías y cree que Rajoy solo trata de «calentar» el cónclave y apretar las tuercas a las regiones socialistas que rechazan poner en marcha algunos de sus recortes en sanidad y educación.

La ley de Estabilidad prevé que si la autonomía no aprueba el plan económico deberá constituir un depósito del 0,2% del PIB para afrontar una posible multa. Si en un plazo de seis meses no soluciona su exceso de gasto, primero recibirá emisarios de Hacienda que le dirán qué medidas tiene que poner en marcha. De no hacerlo, sus cuentas serán intervenidas por el Estado.