La limpieza total del ladrillo hará que las entidades más débiles arrojen pérdidas

La exigencia de apartar elevadas cantidades de dinero -unos 30.000 millones, calcula el Gobierno- en previsión de que incluso los promotores inmobiliarios cumplidores puedan fallar en sus pagos supondrá que las cuentas anuales de muchas cajas o grupos de cajas de tamaño mediano arrojen abultadas pérdidas a finales del ejercicio. Todo sea por restaurar la confianza en el sector, restablecer los canales de financiación que han de facilitar el crédito y por aliviar la presión sobre la deuda pública de España.

Algunas entidades se permitirán pasar página sin problema porque, pese a presentar números rojos, mantendrán sin dificultades el nivel exigido de capital principal y de recursos propios. Otras verán deteriorada su solvencia, y para restaurarla habrán de acudir a las ayudas públicas previstas por el Ejecutivo. A las que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les inyecte recursos se les exigirá presentar planes de reestructuración, y habrán de prever el reintegro de esos fondos antes de cinco años si quieren evitar la nacionalización. Y hay un tercer grupo que, con la vista puesta en las nuevas exigencias, ha activado los planes de fusión. Quienes se integren, además de ver mejoradas sus condiciones, tendrán un plazo más largo para realizar la limpieza.

Bancos y cajas deberán informar antes de la apertura del mercado, el próximo lunes, del impacto que les suponen las nuevas provisiones, según comunicación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha remitido a la Asociación Española de Banca y a la Confederación de Cajas. Las situaciones son tan diversas como entidades integran ahora mismo la 'nómina' de entidades financieras. Las novedades pueden venir de los cuatro grupos de cajas que barajan planes de nuevas integraciones: Liberbank, Unicaja-Caja España Duero, Banca Mare Nostrum e Ibercaja-Caja 3, sin que quepa descartar sorpresas.

Según el texto del real decreto sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, las que vayan a acometer procesos de integración «dispondrán de un plazo de doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso». Y como el límite inicial del 31 de mayo se echaba encima, la norma prorroga hasta el 30 de junio el plazo de presentación de estos proyectos. No obstante, la 'hoja de ruta' de cómo se van a cumplir los requerimientos se ha de presentar antes del 11 de junio para su examen por el Banco de España, que formulará sus alegaciones en el plazo de quince días naturales.

Bankia y las medianas

Las mayores dificultades se presentarán en BFA, la matriz nacionalizada de Bankia, y entre agrupaciones de cajas medianas. Fuentes del sector calculan que Bankia tendrá que pedir otros 4.500 millones para dar cobertura a los activos inmobiliarios sanos. Es un caso excepcional, porque la entidad acaba de pedir la conversión en capital público de los 4.465 millones de ayudas del FROB, y porque aún le restan por cubrir 2.627 millones de los saneamientos requeridos para el ladrillo problemático. En términos relativos, parece claro que otras cajas que no han llegado a cubrir las exigencias anteriores, como Novagalicia, verán acrecentados sus problemas.

La Asociación Española de Banca adelantó que ninguno de sus asociados tiene previsto hacer uso de las ayudas públicas, lo que no quiere decir que vayan a librarse del recorte de ganancias. En la medida en que se vayan facilitando los detalles se podrán estimar los eventuales perjuicios para los accionistas de las entidades cotizadas.

Banco Popular, que ya ha cubierto el 60% de los saneamientos exigidos en febrero, también dispone de un plazo más extenso para cumplir aquella norma, por haber procedido a la compra del Pastor. Esta operación le ayudará a cubrir sin auxilio público una factura del ladrillo sano que fuentes del sector calculan inferior a 2.500 millones.

A la espera de la 'bendición' europea para integrar la CAM está el Sabadell, uno de los primeros en pronunciarse sobre el nuevo decreto. Aunque considera «desproporcionados» los requerimientos adicionales, piensa cumplirlos «en el presente ejercicio sin incurrir en pérdidas». Quedan pocas dudas sobre Bankinter, que tiene una reducida exposición al ladrillo, sino que ya cubrió las anteriores exigencias.