Malestar en el sector por las exigencias sobre el ladrillo sano

Los bancos españoles aceptan mal la exigencia de más provisiones para el ladrillo sano que formará parte de la nueva fase de la reforma bancaria. El Consejo de Ministros sacará adelante hoy una propuesta del Ministerio de Economía que pone los mimbres para la constitución de sociedades inmobiliarias a las que las entidades podrán desplazar sus activos de este sector.

Por añadidura, el Ejecutivo contempla otra vuelta de tuerca que penaliza el préstamo de dinero a la actividad constructora. El borrador manejado por el Gobierno implica elevar las exigencias de provisiones por activos sanos del ladrillo -viviendas acabadas, promociones a medio concluir, préstamos a empresarios, y suelo- desde el 7% que se requirió el pasado febrero hasta un porcentaje que oscila entre el 25% y el 30%.

El nuevo requerimiento supone una dotación adicional de 30.000 a 40.000 millones, y su reparto, según entidades, puede implicar que alguna de ellas, las más comprometidas con este tipo de actividad, puedan arrojar pérdidas en sus cuentas.

La segunda 'pata' de la nueva fase de reforma es menos polémica. Consiste en la constitución de sociedades inmobiliarias a las que los bancos podrán traspasar sus activos de este segmento, una vez provisionados. La dotación previa de estas propiedades será el requisito imprescindible, de manera que el traslado se llevará a cabo a continuación. No obstante, el borrador del decreto abre camino a que las entidades puedan constituir un esquema de protección de activos, valorados por expertos independientes, de cara a la afloración de una posible «morosidad futura». Objetivo de la sociedad inmobiliaria será la «administración o venta» de los activos aportados. Habría una por entidad, en ningún caso controlada por la correspondiente entidad financiera. Por eso se pretende la captación de fondos, y de gestores expertos en este tipo de actividad.

El capital de las sociedades inmobiliarias lo constituirán las aportaciones de inmuebles. Aquí reside el principal problema, porque la transferencia ha de hacerse «a valor razonable». Un tercero realizará la evaluación, y cualquier diferencia entre los apuntes contables y las cifras del traspaso tendrá que verse reflejada en las cuentas de las entidades que los traspasan. Tras una vida que se prevé de diez años como máximo, las sociedades liquidarán sus existencias, se disolverán o trasladarán su patrimonio a terceros.