El PP culpa al Banco de España de la nacionalización de Bankia

El PP culpa al Banco de España de la nacionalización de Bankia. A Miguel Fernández Ordóñez apenas le quedan dos meses de mandato, porque abandonará a mediados de julio la presidencia del instituto emisor, y los dirigentes populares se han volcado en acusaciones. Le atribuyen el origen de los males que han arrojado en manos del Estado a la cuarta entidad bancaria. Olvidando las luchas por el poder que protagonizaron en Caja Madrid las distintas 'familias' populares, o la acendrada defensa de los poderes públicos de la Comunidad Valenciana por preservar la independencia de Bancaja, los dirigentes del partido que lidera Mariano Rajoy arremetieron contra el supervisor bancario.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a quien la presidenta Aguirre postuló para Caja Madrid frente a la candidatura 'oficial' de Rodrigo Rato, lamentó la «incapacidad y el desconocimiento» financiero de Fernández Ordóñez, mientras el diputado popular Vicente Martínez Pujalte llegó a afirmar que el Banco de España forzó a la entidad bancaria con sede en Madrid a hacerse cargo de Bancaja proporcionándole datos que «a lo mejor no eran exactos», en alusión a la existencia de activos dañados que podrían no haber aflorado en su momento, como sucedió en entidades como la alicantina CAM. Más incisivo, aunque menos directo, fue el comentario del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien declaró su «profunda sorpresa» por la actuación del Banco de España.

Puesto que los acontecimientos se han precipitado, algo de culpa tendrá el supervisor del sistema con su tardanza en atajar los males, afirman fuentes del sector. Los más ecuánimes recuerdan que al gobernador le costó «sangre, sudor y lágrimas» convencer al anterior Ejecutivo de la necesidad de afrontar drásticos cambios en el régimen de las cajas de ahorro. Los poderes locales solo le vieron «las orejas al lobo» tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha, evocan.

Vino después una trayectoria en la que el instituto emisor intentó anticiparse, sin conseguirlo, a la presión de los analistas y de los mercados. Había depositado una extraordinaria confianza en las provisiones genéricas de las entidades -el «colchón» atesorado por las entidades en tiempos de bonanza-, sin discriminar entre las más o menos afectadas por el estallido de la burbuja del ladrillo. En la más reciente etapa, y ya bajo el mandato del PP, el Ministerio de Economía tomó las riendas tanto en la interlocución con el sector como en las exigencias de nuevos saneamientos a las entidades bancarias.

Fusiones

¿Quién marcó la hoja de ruta de BFA-Bankia?. Desde el Banco de España se impulsaron las fusiones, pero nadie determinó la identidad de los 'contrayentes'. Por eso se acusa a la institución de que, si bien en otras ocasiones puso objeciones claras, dio por bueno el matrimonio de Caja Madrid y Bancaja, instituciones con arraigo en dos comunidades bajo control del PP. También le empujó indirectamente a salir a Bolsa, porque el marco regulador rebajaba las exigencias de capital para las entidades cotizadas.

Dejando atrás las responsabilidades políticas, al nuevo presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, le toca ahora sacar adelante una entidad en serias dificultades. Convertidas las ayudas del FROB en capital -lo que, de propina, le ahorra la friolera de 360 millones anuales de pago de intereses- tiene que afrontar los 3.400 millones de provisiones y reforzamiento de capital que le impone la reforma financiera. La entidad ya se apuntó 4.000 millones de saneamiento contra reservas de fusión y, pese a ello, la auditoría de Deloitte detectó un desfase patrimonial de 3.500 millones al que debe hacer frente.

Por no mencionar el impacto de las nuevas exigencias que el Gobierno se apresta a imponer a la banca. El volumen de crédito inmobiliario de Bankia asciende a 37.517 millones de euros. Se da la paradoja de que, puesto que el grueso de esa cifra se ha considerado activo tóxico -créditos morosos, promociones a medio construir, viviendas y suelo adjudicados por impagos-, el apretón que ahora quiere aplicar el Gobierno a los activos sanos le afecta en bastante menor medida que al promedio del sector. Con datos del cierre de 2011, Bankia tenía 10.564 millones de euros en morosos del ladrillo, más otros 7.283 millones de crédito al corriente de pago, pero en claro riesgo de dejar de cumplir. La refinanciación ascendía a 9.920 millones de euros.