El presidente del Gobierno defiende ahora que las promesas hay que cumplirlas

Mariano Rajoy, 24 horas después de confesar que ha tomado y tomará medidas que prometió no adoptar, como la subida del IRPF y el IVA, si son necesarias para reducir el déficit público, respondió en el Senado que «por supuesto» un gobernante democrático debe cumplir con sus promesas electorales.

La pregunta se la formuló ayer el portavoz del grupo socialista, Marcelino Iglesias, que jalonó su prólogo a la pregunta con algunos de los incumplimientos del Ejecutivo de Rajoy en relación al programa electoral con el que el PP ganó las elecciones generales del pasado 20 de noviembre. Citó la subida del IRPF y la previsible del IVA en 2013, el recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, el abaratamiento del despido o el copago farmacéutico.

Iglesias lamentó la levedad de las «convicciones» del presidente, porque venció en las urnas prometiendo que sacaría a España de la crisis económica sin sobrepasar las líneas rojas del estado del bienestar. Algo que, según recalcó el senador socialista, finalmente sí ha hecho.

Rajoy evitó el cuerpo a cuerpo con Iglesias, consciente de que efectivamente ha tenido que pulverizar gran parte de su programa electoral en aras de lograr el objetivo pactado con la Comisión Europea de situar el déficit en un 3% a finales de 2013. El presidente, por el contrario, defendió que su acción de Gobierno sí respeta el trazo grueso de la promesa que hizo a los españoles hace cuatro meses, esto es recuperar la senda del crecimiento económico para lograr la creación de empleo.

Enfatizó que no solo no escondió sino que contó en numerosas ocasiones antes de llegar a la Moncloa que haría cambios en la legislación laboral y en el sistema financiero de nuestro país. Además, insistió en las innumerables ocasiones que aludió durante la pasada legislatura a la necesidad de luchar contra el déficit público. Rajoy no dejó pasar la ocasión para recordar que sus ajustes son más duros de lo esperado porque el Ejecutivo anterior «ocultó» la desviación de dos puntos en los objetivos de déficit.

Un cambio de tercio que ya esperaba Iglesias. El portavoz socialista censuró al presidente por recurrir como único argumento a la herencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Negó que los dos puntos de desviación del déficit se hubieran generado por un gasto excesivo sino por una «brutal caída de ingresos», sobre todo en las comunidades autónomas. En este punto recordó que a finales de 2011, la mayoría de los gobiernos autonómicos estaban gestionados por el PP. Con lo que, a su juicio, Rajoy sabía antes de llegar a la Moncloa que las autonomías no iban a cumplir.

El presidente del Gobierno, por su parte, calentó el debate con una frase contundente: «Yo no me quejo de la herencia, me quejo del engaño» del Gobierno socialista y añadió que «con herencia o sin herencia» el Ejecutivo se enfrentaba al problema de tener que adoptar medidas impopulares para cumplir entre otras cuestiones con los compromisos que selló Zapatero con la Unión Europea. Pese a todos los inconvenientes, Rajoy dijo sentir «el calor» y el apoyo de una amplia mayoría de ciudadanos en la difícil tarea de «rectificar» aquello que se hizo mal en los últimos años y acometer lo que, sencillamente, «no se atrevió» a poner en práctica el anterior inquilino de La Moncloa.

Salida sin incidentes

La sesión de control que se desarrolló ayer en el Senado fue la primera a la que se enfrentó el presidente del Gobierno en el último mes. Es decir, fue la primera comparecencia en sede parlamentaria de Rajoy desde que aprobase el tijeretazo de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, y desde que el ministro de Economía, Luis de Guindos, abriese la puerta a una subida del IVA en 2013.

El jefe del Ejecutivo, además, retornó al Senado tras el incidente que se produjo en su última visita, cuando tuvo que salir por el garaje para evitar a los medios de comunicación que querían obtener una declaración suya. En esta ocasión, tampoco se detuvo en el pasillo de la Cámara alta a conversar con los informadores. La diferencia radicó en la numerosa presencia de miembros de su servicio de seguridad, que impidieron que los periodistas siquiera se acercasen al presidente del Gobierno.