Susana Díaz acapara más poder que sus antecesores en la Consejería de Presidencia

La nueva consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, supera no solo el poder político de su antecesora Mar Moreno, sino el que en su día tuvo Gaspar Zarrías. Un poder que no se desveló del todo hasta que ayer fue publicado el decreto sobre la reestructuración de las consejerías en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La consejera de Presidencia acapara la mayor parte de nombramientos clave de la Junta de Andalucía, como los delegados provinciales, y de ella dependen instituciones de gran influencia social como el Instituto de la Mujer e Inturjoven. Pero además decidirá el nombre de los representantes andaluces en las autoridades portuarias. Griñán le ha delegado el control sobre nombramientos clave de un gobierno cuyos consejeros y vicepresidente tomaron ayer posesión de su cargos.

Díaz, la única que juró el cargo en lugar de prometerlo como sus compañeros, mantiene las competencias que venía desarrollando menos la Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo, que pasa a la consejería del vicepresidente Diego Valderas. La televisión pública andaluza, Canal Sur, de enorme calado en la sociedad, sigue adscrita a Presidencia.

Igualdad

El presidente Griñán explicó en su discurso que decidió situar las políticas de Igualdad en Presidencia porque entiende que desde aquí se puede vigilar mejor el objetivo de que la igualdad de oportunidades se cumpla con carácter transversal en todo el Gobierno, que, según el presidente, no permitirá «renuncias ni retrocesos» en la equiparación entre hombres y mujeres.

De Igualdad depende el Instituto de la Mujer, con sus oficinas provinciales, lo mismo que las políticas de Juventud, que también suma, lleva aparejado el Instituto de la Juventud e Inturjoven. Esta empresa pública cuenta con una veintena de albergues repartidos por toda Andalucía.

Díaz también asume la potestad de decidir el nombramiento de los representantes andaluces en los órganos de gobierno de las autoridades portuarias de los puertos de interés estatal enclavados en Andalucía. Es decir, nombrará a sus presidentes.

Todo lo concerniente a puertos estaba en Obras Públicas y Vivienda. Esta consejería, ahora en manos de Izquierda Unida con el nombre de Fomento y Vivienda, solo gestionará los puertos menores a través de la empresa pública Puertos de Andalucía. IU negocia con el PSOE una cuota de participación en los órganos de gobierno de las autoridades portuarias. Estas han sido siempre un asentadero de excargos socialistas.

Susana Díaz presidirá, como concierne a la consejera de Presidencia, los consejillos de los martes, donde decide junto a los viceconsejeros los asuntos que se llevarán a los Consejos de Gobierno. Pero ahora también llevará el control de las delegaciones provinciales, cuyos titulares también serán nombrados con su firma.

La nueva consejera de Presidencia confirmó ayer que las delegaciones se reducirán a seis por cada provincia, incluidas las sectoriales y la del Gobierno de la Junta. Se trata de la mitad de las consejerías. La pasada legislatura hubo 113 delegados provinciales, incluido el del Campo de Gibraltar. Ahora habrá 49, menos de la mitad.

La elección de los nombres de los delegados provinciales de la Junta se ha dejado casi siempre en mano de las direcciones territoriales del PSOE. No está claro que siga así.

Como avanzó ayer este periódico, Izquierda Unida podría contar con un delegado en cada provincia que aglutinaría la gestión de las tres consejerías que lleva (Turismo, Fomento y Administración Local). Habrá un coordinador de IU también en cada provincia, de rango inferior al delegado y que dependerá del vicepresidente Diego Valderas, aunque adscrito a la delegación del Gobierno.

La presencia de los dirigentes de IU, entre ellos Cayo Lara, su coordinador nacional, fue la gran novedad de la toma de posesión de los nuevos consejeros. La anécdota la protagonizó la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), que prometió por imperativo legal el cargo, cuya fórmula cita la lealtad al Rey y a la Constitución.