La alta morosidad acecha a las pymes

Mientras se diseñan fórmulas como las sociedades inmobiliarias destinadas a limpiar el 'ladrillo' en los balances de los bancos, y sigue en el alero la existencia de BFA-Bankia como grupo independiente, las entidades financieras más saneadas han encendido estos días una nueva señal de alerta. En tanto la mayoría de las familias, con contadas excepciones, siguen pagando a tiempo las cuotas de sus hipotecas, muchas pequeñas y medianas empresas ya han tirado la toalla.

La 'nueva' escalada de la morosidad tiene su origen en compañías que no son de la construcción, y en especial en las de menor dimensión, que son incapaces de hacer frente a los propios impagos y al desplome del negocio como consecuencia del retorno de España en una fase de recesión.

Lo han advertido, uno tras otro, los dirigentes de las mayores entidades de crédito españolas, durante la presentación de sus cuentas trimestrales. Sin poder medir con exactitud la dimensión potencial del problema, Goldman Sachs ya ha calculado que la proporción de morosidad del segmento empresarial excluidos los promotores debe alcanzar el 12%, porque piensa que las entidades tendrán que reconocer como dudosos muchos créditos ahora al corriente de pago. Y el banco de negocio no discrimina entre empresas grandes y pymes.

¿Cuál es el verdadero punto de partida? El Popular dice que la morosidad de sus pymes ha escalado desde el 6,5% hasta el 7.5% en un año, y el Sabadell admite un avance del 5,69% al 6,31% en el último trimestre. Se trata de dos grupos muy volcados en financiar la actividad empresarial.

El BBVA ha mencionado avances de 60 puntos básicos hasta llegar al 9,8% el pasado 31 de marzo. En el grupo Santander, la subida de la proporción de créditos dudosos que ha experimentado su red -hasta un 8,9%, muy superior al 5,7% que presentó Banesto- responde precisamente a la limitación del cómputo a las pymes, con exclusión de las grandes empresas, según explicó su primer ejecutivo, Alfredo Sáenz.

De manera que no son datos homogéneos, porque las instituciones no segmentan los clientes de igual forma, pero los mensajes de alarma se reiteran. «Aunque la morosidad se estabiliza en España, llevamos cinco trimestres de aumento en empresas y negocios», comentó el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano. Jaime Guardiola (Sabadell) justificó el avance en que la principal debilidad del sector financiero que opera en España «es la fragilidad de su economía».

La morosidad de las pequeñas y medianas empresas está todavía a años luz de la que presentan los promotores inmobiliarios y de la construcción, con porcentajes que van desde el 28% como mínimo hasta duplicar con creces esa tasa. Pero analistas y bancos de negocios consideran que «una mayor debilidad económica estimulará un mayor deterioro de la calidad crediticia, de forma particular en los préstamos no relacionados con el inmobiliario», según resumen los expertos de Barclays, en coincidencia con los de BNP-Paribas.

La banca decide

¿Acaso la alarma de los bancos responde a su aspiración a cobrar? La agencia de calificación Fitch, que estima en un 10,8% la morosidad de las pymes españolas, sugiere que el plan concebido para que las empresas puedan ingresar lo que les adeudan las administraciones territoriales -hasta 35.000 millones de euros, según lo dispuesto en la norma- podría recortar esa tasa en dos puntos porcentuales.

Puesto que la mayor parte de las facturas se van a pagar a través del sistema bancario, las entidades tendrán a su alcance recuperar las eventuales cantidades que las propias pymes les adeudan y reducir la correspondiente morosidad.

Lo malo es que el plan de pago a proveedores de las administraciones locales nació con el foco puesto en la reactivación de la economía. De partida, las pymes tienen que renunciar a cualquier tipo de interés por el retraso en los cobros, y no van a poder evadirse de sus cuentas pendientes. Si acuden a una entidad distinta de la que son deudores, y aparecen inscritos en los registros de morosidad, serán remitidos a la institución acreedora. La ley de Enjuiciamiento Civil prevé que por un impago puedan quedar inmovilizadas la totalidad de las cuentas bancarias hasta ejecutar el importe concreto.

Distintas fuentes apuntan que la solución podría venir del acuerdo entre las partes. El banco cobra de la institución pública y a continuación cancela la deuda de la pyme, pero le abre una línea de crédito para que pueda seguir funcionando. De igual modo se pueden aplicar fórmulas mixtas: amortización parcial del débito y refinanciación del resto.