Gobierno y PSOE ignoran la oferta de los mediadores para la disolución de ETA

Ni Ejecutivo ni oposición parecen dispuestos a dar pábulo, al menos de manera oficial, a los mensajes que ha comenzado a lanzar ETA a través de la conocida como Comisión de Verificación Internacional para pasar a un diálogo que conduzca a su desarme definitivo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue tajante al respecto. «El Gobierno ni ha negociado ni negocia ni jamás va negociar con ETA; lo que le exigimos es su disolución incondicional», afirmó poco antes de participar en el congreso del PP de Cataluña.

El PSOE está decidido a ir de la mano del Gobierno en este proceso y a respaldar sus pasos. Y así lo subrayó también el secretario general del partido y exministro del Interior en los Gobiernos de José Luis Rodríguez, Alfredo Pérez Rubalcaba. «ETA abandonó la violencia hace unos meses y estamos en una etapa distinta de la política antiterrorista -concedió, poco después de asistir a la toma de posesión de José Antonio Griñán en Andalucía- pero ETA sigue existiendo».

La organización terrorista ha querido hacer llegar al Ejecutivo la idea de que condiciona cualquier nuevo movimiento por su parte, tras el comunicado del 20 de octubre de cese definitivo de la violencia, a la apertura de una vía de comunicación. Y lo ha hecho a través de la Comisión Internacional de Verificación que esta semana se reunió en el País Vasco con representantes de los principales partidos, salvo el PP, sindicatos, empresarios y la Iglesia. Su portavoz, Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group, fue el encargado de difundir el recado este viernes.

Gobierno y PSOE respondieron casi al unísono. Interior sostiene que la organización terrorista aún conserva cierta capacidad operativa para cometer atentados y, en todo caso, niega toda legitimidad, como también hacía Rubalcaba cuando estaba en el Gobierno, a los medidadores escogidos por el abogado sudafricano Brian Currin con el visto bueno de la izquierda abertzale para allanar el camino a un eventual proceso de negociación.

Fernández Díaz explicó que la citada comisión internacional ha intentado ponerse en contacto con el Ejecutivo sin éxito para hacerle llegar las conclusiones sacadas tras la decena de conversaciones que, en principio, ha mantenido con ETA en los últimos meses. Su valoración se considera, por lo menos en público, incoua. «Para derrotar policialmente a ETA nos ha bastado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con ellos mismos tenemos suficiente para verificar si ETA se disuelve», subrayó el ministro.

Sus palabras fueron repetidas casi textualmente por el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, durante un acto de su partido en Zamora. «Es de agradecer que haya instituciones o personalidades internacionales que quieran colaborar en este proceso, pero el Estado tiene sus medios para verificar el fin de ETA», insistió.

Los socialistas prometen en esta materia fidelidad a prueba de bombas. Tras dejar clara su convicción de que el periodo actual es distinto al de hace unos años, cuando los terroristas aún mataban, Rubalcaba subrayó que el Estado debe hacer ahora «todo lo posible» para culminar la tarea y que ETA deje de existir. «Y en esta tarea -añadió acto seguido- es evidente que el PSOE va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy». En la misma línea, el número dos del grupo parlamentario socialista y diputado por Vizcaya, Eduardo Madina, afirmó que su partido está para ayudar al Ejecutivo en materia antiterrorista «incluso cuando se equivoque».

Política penitenciaria

No todas las fuerzas políticas se lo ponen tan fácil al Ejecutivo. De hecho, su plan de reinserción integral para los presos de ETA ha provocado la reacción airada de UPyD. En un intento de rebajar la polémica, Fernández Díaz instó a la banda terrorista a que deje de «engañar» a sus presos y les diga la verdad, que no es otra, dijo, que el Gobierno no entrará en ninguna negociación.

«La política del Gobierno en relación con ETA está muy clara, y además ahora la posición viene acompañada por el Congreso», dijo en referencia al acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, salvo UPyD, el 21 de febrero pasado. Así, si los presos se desvinculan de la banda, «y en el marco de la ley y solo en el marco de la ley, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley exige y otorga a los reclusos», concluyó.

El plan, en todo caso, ha sido recibido con una de cal y una de arena por el coletivo de presos de ETA. En el diario 'Gara,' reconocen que contiene elementos «significativos», entre ellos, que «acepta el fracaso de la política de la llamada vía Nanclares de arrepentimiento-delación». Pero añaden que «no responde a lo que una mayoría de la sociedad vasca ha pedido: que cambie la política carcelaria y la adecue a la luz de nuevas oportunidades políticas».