Euskadi obligará al Constitucional a pronunciarse sobre los recortes

El Tribunal Constitucional tendrá que determinar si el Gobierno de Mariano Rajoy ha invadido competencias autonómicas o violado derechos constitucionales con los decretos en los que establece modificaciones y limitaciones en los servicios sanitarios y educativos de todo el país para recortar 10.000 millones de euros del gasto público.

Muchos amagaron, pero el primero en dar el golpe ha sido el lehendakari Patxi López que, junto con el reelegido presidente andaluz, José Antonio Griñán, será la punta de lanza socialista de la oposición institucional al poder casi absoluto del líder de los populares y su partido.

El jefe del Gobierno vasco aprovechó ayer el pleno de control en el Parlamento de Vitoria para anunciar que su gabinete va presentar «en breve» sendos recursos ante el Constitucional por considerar que los decretos del Ejecutivo central «mutilan el autogobierno vasco» y, además, «rompen el principio básico de igualdad y universalidad» de los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios sanitarios y educativos públicos.

El anuncio de López se produce justo al día siguiente de que su portavoz, Idoia Mendia, avanzase que Euskadi se negará a cumplir la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar a los inmigrantes que están en situación irregular en España la tarjeta que otorga el acceso libre y gratuito a todos los recursos del sistema público de salud. También se conoce un día después de que PSE y PNV uniesen sus votos para que el Parlamento de Vitoria reclamase al Gobierno Vasco la impugnación de los decretos de recortes ante la corte constitucional.

Andalucía se lo piensa

La denuncia del lehendakari puede ser acompañada en los próximos días de otro recurso ante el Constitucional de la Junta de Andalucía, que, según fuentes socialistas, al menos duda sobre la legalidad de que el Gobierno central pueda recortar el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes que carecen de papeles.

Uno de los argumentos fundamentales de los recursos será que el Gobierno de Rajoy ha cometido un abuso de poder y ha revestido sus decretos de la categoría de leyes básicas para obligar a todas las comunidades autónomas, que gozan de competencias casi exclusivas sobre la gestión de la Sanidad y la Educación, a cumplir con las medidas y recortes de derechos que contienen estos textos.

La estrategia del Ejecutivo vasco, que podría ser seguida en mayor o menor medida por Andalucía y otros gobiernos autonómicos con presencia socialista, como Navarra o Canarias, es no aplicar los recortes que los decretos presentan como optativos y denunciar ante el Constitucional las medidas obligadas que consideran que invaden sus competencias exclusivas. Aunque el tenor de los recursos todavía se desconoce porque los informes técnicos en que se basarán están sin acabar, no se descarta que el Ejecutivo vasco pueda reclamar, como medida cautelar, que las normas estatales, o alguno de sus aspectos, queden en suspenso en tanto el tribunal se pronuncia sobre el fondo.

Los puntos que mayores ampollas han levantado en los ejecutivos autonómicos con presencia socialista son la exclusión de los inmigrantes sin papeles, la introducción en el copago farmacéutico de los pensionistas, la pérdida de derechos sanitarios de personas que no coticen a la Seguridad Social, el aumento de la ratio de alumnos por aula, la subida de tasas universitarias o el despido de profesores interinos.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría apuntó ayer que el Constitucional rechazará los recursos de las autonomías porque cree que el Gobierno no ha hecho más que legislar dentro de sus competencias por tratarse de leyes básicas, que tienen como objetivo asegurar la igualdad de derechos en todo el territorio.

No obstante, también recordó a López y al resto de los presidentes díscolos con los decretos que, hagan lo que hagan, apliquen o no todas las medidas de ahorro del gasto público que contienen, lo que no pueden dejar de cumplir es con el objetivo de reducción del déficit público al 1,5% este año.