La última 'indignada' deja sitio a los turistas en Westminster

Maria Gallastegui, veterana activista británica, perdió ayer su última batalla legal para cobijarse bajo una tienda de campaña en la protesta pacífica que mantiene frente al parlamento de Westminster desde 2006. La Policía se preparaba por la tarde a desmantelar su precario hogar, horas después de que dos jueces del Alto Tribunal de Inglaterra desestimaran su recurso y permitieran a las autoridades municipales proceder con el desahucio.

Gallastegui aún puede apelar la decisión judicial pero es probable que ayer fuera la última vez que pudo ejercitar su derecho a voto en la mesa electoral donde ha votado en los últimos cinco años. Si se confirman las previsiones de los sondeos, Boris Johnson retomará hoy la alcaldía de Londres libre de una pesadilla que molesta a las autoridades municipales y nacionales desde hace más de una década.

La plaza del Parlamento lleva ocupada por diferentes tiendas de campaña desde 2001 y, por fin ayer, se procedió a levantar la última que quedaba. Gallastegui montó su campamento en protesta, inicialmente, de la invasión de Irak y, más tarde, en contra de la ofensiva en Afganistán y en prevención de un bombardeo sobre Irán. «Siento una gran tristeza. Es el final de una era, aunque yo voy a seguir luchando», dijo al conocer el fallo del tribunal.

El desalojo es consecuencia de una ley, aprobada el pasado diciembre, que prohíbe instalar en los alrededores del Parlamento «cualquier estructura» en la que un individuo pueda dormir, pasar la noche o cobijarse durante cualquier periodo de tiempo. Pero, como ayer advirtió la abogada de Gallastegui, esta legislación tiene un alcance geográfico incluso mayor, puesto que autoriza al resto de las autoridades locales a adoptar medidas equivalentes en sus respectivos distritos. Su aplicación en otras zonas de la capital o del resto del país marcará el fin del tipo de protesta que protagonizan los 'indignados' en España y el movimiento 'Occupy' en Reino Unido.

La letrada Jessica Simor defendió ayer que la tienda de campaña es «esencial» en la vigilia de 24 horas continuadas que Gallastegui guarda frente al Parlamento. Y, entre los puntos que podría componer el próximo recurso de apelación, argumentó que el veto a cualquier estructura apta para dormir o cobijarse representa en la práctica «una absoluta prohibición» a cualquier forma prolongada de protesta. Sin una tienda, vino a decir la abogada, la activista «pierde el derecho» fundamental a la libre expresión política.

El juez John Thomas desestimó el recurso y ratificó la sentencia dictada en abril a favor del Ayuntamiento de Westminster y el Gobierno británico. Ese fallo rechaza, por una parte, que los derechos civiles de Gallastegui se vean infringidos por la ausencia de «material para dormir». Contrapone, además, su derecho a protestar frente al Parlamento con el derecho de los demás, incluidos los turistas, a hacer uso de la plaza. «Los derechos del público a disfrutar de un espacio público de tan importante interés histórico, político y cultural no pueden verse anulados por el derecho de la demandante a ocupar una sección de la plaza y utilizarla como su hogar de forma indefinida, aunque sea parte de una protesta», ratificó el juez.

Gallastegui no está dispuesta a tirar la toalla. Sus abogados tienen previsto recurrir la sentencia directamente ante el Tribunal de Apelación. Y si la Justicia británica le cierra las puertas, la veterana manifestante y fundadora de 'Peace Strike' (Huelga por la paz) llevará su causa a la corte de Estrasburgo.